Límite al acceso de vehículos, una medida que urge implantar

Mallorca ha iniciado un camino transformador para la movilidad con la aprobación en el Consell del anteproyecto de ley que permitirá limitar la entrada de vehículos foráneos a la isla. La iniciativa surge como respuesta a uno de los símbolos de la saturación, los atascos. Las retenciones se han convertido en una constante en determinados puntos para desespero de los residentes en su vida cotidiana, de los profesionales del transporte en sus rutas de reparto y de los visitantes que circulan en coches de alquiler. El parque móvil no deja de aumentar espoleado por el crecimiento demográfico y turístico, por un transporte público con margen de mejora y por un urbanismo poco amable con el peatón. Restar vehículos a la circulación para aliviar la presión sobre la red viaria de un territorio frágil como Mallorca, exige una combinatoria de medidas, entre ellas la recién aprobada. Tras tiras y aflojas, la iniciativa promovida por el gobierno de Llorenç Galmés nace con un amplio respaldo político, secundada por todos los partidos de la oposición y la abstención de sus socios de Vox. El apoyo no estuvo exento de críticas por la tardanza y la falta de concreción del texto, sin fecha de aplicación ni fijación de cupos, que se establecerán en futuros desarrollos. El PP recriminó a la izquierda que no lo hubiera impulsado cuando gobernó, alegó que se ha necesitado este tiempo para el estudio técnico y el diálogo con los sectores afectados -desde navieras a rent acars- y aseguró que su objetivo es aplicarlo la próxima temporada, verano de 2027. No será por tanto en esta legislatura, pero apenas queda un año para la fecha comprometida. Esta medida estrella puede convertirse en un activo político ante las urnas, si se cumple con la expectativa, o en un lastre, si se defrauda a la ciudadanía con dilaciones estériles. La diligencia política apela a todos, gobierno y oposición, para la puesta en marcha de una regulación innovadora que urge y viene para quedarse, que tocará gestionar a unos y otros, como la ecotasa.

El texto, que debe ser aprobado en el Parlament, prevé la realización de nuevos estudios técnicos de capacidad. Según el gobierno insular, el presentado en 2024 con datos de 2023 necesita actualización. Aquel informe concluyó que a Mallorca le sobran entre 90.000 y 120.00 coches circulando al día. Frente a quienes sostienen que hay datos suficientes para arrancar, el gobierno insular replica que las cifras no son inmutables, responden a una realidad cambiante que exige seguimiento y adecuación continua. Ibiza, que implantó la limitación tras la pionera Formentera, ha fijado para este año el cupo en un máximo de 17.668 autorizaciones diarias, 2.500 menos que las contempladas al aprobar el sistema. Aquí puede pasar lo mismo, o no. Aunque por su mayor escala resulta más compleja la implementación en Mallorca, se cuenta con la ventaja de las experiencias previas de los Consells pitiusos para afinar en el estreno, como se ha visto en la ampliación del catálogo de exoneraciones. Las navieras, que han evolucionado del rechazo a la colaboración sin que les entusiasme la medida, gestionarán las autorizaciones y el cobro de la tasa. En Ibiza se paga un euro al día y en Formentera va de los seis euros diarios en junio y septiembre, con un mínimo de 30 euros, a los 9 por jornada en julio y agosto, con un mínimo de 45. Mallorca, que todavía no lo ha definido, se moverá en la órbita de Ibiza. La limitación traerá consigo una recaudación extra por la tasa y las sanciones, con una horquilla de 300 a 30.000 euros. Además de cubrir los gastos del operativo, este caudal debería revertir en una movilidad que facilite la vida de la gente y la sostenibilidad del territorio.