Los inmigrantes siguen preocupando

Es un hecho que la presencia de inmigrantes preocupa a los españoles, también en nuestra Comunidad. Las últimas informaciones disminuyen tal inquietud: desembarco masivo de subsaharianos en Canarias, la aparente autoría de los atracos con violencia en Catalunya por parte de bandas organizadas de origen rumano o similar. De momento en nuestra Comunidad no sufrimos tales venidas masivas, ni un aumento preocupante en los índices de criminalidad que algunos de manera irresponsable achacan a los inmigrantes. Sin embargo, se ha producido un aumento relevante de la población inmigrada. Frente a tales hechos, lo único que no podemos hacer es, como los avestruces, esconder la cabeza bajo el ala.

En nuestra Comunidad se está produciendo un proceso de agrupación familiar. La mayoría de hombres y mujeres que se vieron obligados a abandonar su país en solitario por razones de supervivencia, tenían intención de regresar. Pero, en la mayoría de casos, la situación en su país no solo no ha mejorado, sino todo lo contrario. Mientras aquí, especialmente desde la regularización, miles de inmigrantes han podido acceder a un contrato de trabajo después de realizar, en algunos casos durante años, trabajos sin ningún tipo de contrato. A partir de esta estabilidad relativa, es lógico que pretendan reagrupar a su familia.

Tal reagrupación plantea nuevos retos: vivienda, escuela, sanidad. Más aún, la necesidad de adaptarse a unos nuevos modos de vivir. Tal situación provoca, cuanto menos, perplejidad a los «de aquí». Presencia de niños de otras etnias y culturas en los centros educativos (¡en unos más que en otros!), cierta saturación en determinados servicios públicos (más de un millón de tarjetas sanitarias), una percepción creciente de posible «competencia» laboral de los inmigrantes (incluidos los regularizados), una concentración de familias inmigrantes en determinados barrios (normalmente en situación de dejadez urbana y de servicios). Suma y sigue.

¿Qué hacer? Mi impresión es que las administraciones poco o nada hacen para plantear de manera seria la situación. En su caso, sólo actúan como apagafuegos. Refiriéndome a los regularizados, que son los que emprenden la agrupación familiar, son personas con un contrato de trabajo vinculado a su permiso de residencia. Normalmente suelen realizar trabajos que no podemos, o no queremos los nativos, y en muchos casos desarrollan labores imprescindibles de proximidad (cuidado de personas mayores o dependientes). Tales personas cotizan a la seguridad social y pagan sus impuestos como cualquier ciudadano, por lo que se supone que tienen los mismos derechos y obligaciones.

Pero la realidad no siempre es así. Sin ninguna pretensión de paternalismo trasnochado, en muchos casos su situación laboral, incluso entre los regularizados, deja mucho que desear. Desde tal perspectiva, ¿qué puede ocurrir en el caso que se produjera un cierto freno en nuestra actividad económica, especialmente en construcción? Posiblemente, parte de los inmigrantes serán las primeras víctimas. ¿Deberán coger sus bártulos, familias incluidas, para dirigirse a no se sabe donde? ¿Los consideramos como simple ejército laboral de reserva?

¿Qué políticas concretas, no paternalistas ni simplemente caritativas, desarrollan las administraciones orientadas a que tales personas vayan integrándose en nuestros modos de vivir? No tienen porqué renegar de sus raíces culturales, pero deben adaptarse a nuevas realidades. ¿Existen políticas concretas que faciliten la integración social y cultural, evitando que se formen guetos o colectivos cerrados? ¿Qué acciones integrales se llevan a cabo en determinadas barriadas en proceso de degradación urbana y social donde conviven jóvenes en situaciones graves de exclusión, incluida la delincuencia?

El problema existe, y puede aumentar. ¿No será que determinadas administraciones «pasan» olímpicamente de los inmigrantes que el Supremo no suspende? «Más de 15.000 migrantes sin papeles han pedido la regularización en Balears».

Suscríbete para seguir leyendo