El ‘Informe Fénix’

El Informe Fénix no ha gustado a nadie lo que significa que contiene verdades incómodas. El consejo asesor lo componen Guillermo López Casasnovas, Jaume Ventura y el economista español más citado como candidato al premio Nobel de Economía, Jordi Galí. Incide en las diferencias entre el PIB y el PIB per cápita (PIBpc). El primero apuntala la prosperidad de país y el segundo la de los hogares, que es la única realmente nos interesa.

El informe se focaliza en Cataluña, pero es extrapolable al resto de España. En la página 15 contiene un cuadro que supone una seria advertencia a Balears: advierte del fabuloso crecimiento entre los años 2000 y 2024 de nuestro PIB (60%) y población (50%), pero con un ínfimo crecimiento del PIBpc del cinco por cien. Invita a reflexionar y plantearnos hacia dónde nos dirigimos.

El estudio evidencia que el crecimiento poblacional debido a la inmigración y el bienestar material, medido con el PIBpc, en general es negativo; advierte de las enormes diferencias de productividad entre la industria y el sector servicios; un cuarenta por ciento más baja en este último debido a que adolece de tecnología, inversiones y formación. Y que el fuerte crecimiento de la ocupación en hostelería y servicios administrativos no es proporcional a los salarios por cuanto son un 40 por ciento inferiores a los de los trabajadores del sector industrial.

El concepto novedoso es el de «salario subvencionado». Los cálculos demuestran que en la mayoría de los tramos salariales las aportaciones realizadas por el trabajador y la empresa a la seguridad social más los impuestos directos (IRPF) e indirectos (IVA) que satisfacen, no cubren los costes de los servicios públicos que estos asalariados y sus familias consumen socialmente, por lo que los denomina «subvencionados» y deduce, lógicamente, que cuantos más puestos de trabajo de esta naturaleza genere un país, más insostenible será económicamente. Establece que a partir de un salario bruto de 35.000 euros las aportaciones están equilibradas y que un salario de 29.000 euros está altamente subvencionado.

El estudio afirma que los salarios de la hostelería en Catalunya, y por ende en el resto de España, son inferiores al salario altamente subvencionado por lo que las perspectivas a 2050, de continuar esta tendencia, supondrán un empobrecimiento social y un desmoronamiento en la calidad de los servicios públicos que constituyen el estado del bienestar. Y aquí radica el drama. Ya no se trata sólo de que la vivienda seguirá siendo un problema irresoluble, deduzco, sino que el resto de nuestra arquitectura social cambiará de tal forma que mermará el poder adquisitivo individual aumentando exponencialmente la desigualdad, por cuanto el salario medio español está en 32.000 euros y, según los cálculos de los autores, es un salario que no aporta al sistema, sino que recibe del sistema.

Sé de la dificultad de aumentar considerablemente los salarios para mitigar esta situación porque somos un país de pequeñas empresas en las que la mayoría el concepto «empresa» es retórico, por cuanto significa, fundamentalmente, un salario de subsistencia para los miembros de la unidad familiar. El estudio advierte de un futuro empobrecido y de un estado del bienestar degradado. Propone una batería de medidas para revertir la situación a largo plazo entre las que destacan: incrementos salariales considerables por encima de la inflación, reducción de plazas turísticas, eliminación de pisos turísticos urbanos, integrar inmigrantes con mayor formación (mayores salarios), revisar la figura del fijo discontinuo en actividades turísticas, aumentar el impuesto turístico, el gasto público en innovación y seguir impulsando la Formación Profesional. En esencia, idénticas medidas a las que venimos reclamando los politólogos.

Cuando se produce una confluencia entre las distintas Ciencias Sociales (Económicas y Políticas) y se aportan propuestas para el bien común, se persigue que sean tenidas en cuenta y llevadas a la práctica en aras del interés general.