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Opinión

Emma Holm

Emma Holm

Responsable de vivienda del Moviment Sumar Illes Balears

«Efecto cobra» en la vivienda en Balears

El «efecto cobra» ocurre cuando una medida, en teoría bien intencionada, genera el resultado opuesto al buscado. El concepto surge de un hecho ocurrido en la India colonial, cuando el gobierno ofreció pagar por cada cobra muerta para reducir su superpoblación. Inicialmente funcionó, pero pronto algunas personas comenzaron a criar estas serpientes para matarlas y cobrar la gratificación. Al quitar el gobierno el incentivo, las cobras criadas fueron liberadas, agravando el problema original.

En Balears, tras dos años de la Ley 3/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobada por el Govern de PP y VOX, este fenómeno empieza a hacerse visible.

El plan se basa en aumentar la oferta -construcción, reconversión, viviendas de precio limitado- y dar incentivos al propietario. Sin embargo, el diagnóstico inicial presenta una paradoja clave: en Baleares no faltan viviendas, sino que están fuera del uso de residencia habitual. El propio censo del INE identifica más de 100.000 viviendas vacías, a las que hay que sumar otras más de 100.000 de uso estacional o turístico -dos categorías distintas, pero que comparten el mismo resultado: casas que no sirven para vivir a quien vive aquí-. En total, cerca de una de cada tres viviendas no se utiliza como residencia habitual. Con que solo una de cada tres de esas viviendas vacías se alquilase a precio razonable a residentes, se resolvería el problema de la demanda faltante.

Aquí es donde el «efecto cobra» aparece con más claridad. Una de las primeras medidas aplicadas por el actual Govern fue la de legalizar viviendas ilegales en suelo rústico, la llamada amnistía urbanística, con el pretexto de que «a más viviendas disponibles en el mercado, más bajará el precio». Sin embargo, esas viviendas ilegales, que nadie se arriesgaba a comprar, ahora se venden a precio de oro a compradores de alto poder adquisitivo. La medida pensada para ampliar la oferta asequible ha encarecido el mercado que pretendía aliviar. El resultado es un mercado donde la escasez percibida convive con una abundancia real, pero mal distribuida.

Otra de las iniciativas de la Ley 3/2024 ha sido la reconversión de locales comerciales y la división de pisos antiguos. ¿El resultado? La proliferación de infraviviendas hacinadas, insalubres y sin luz. Se inflan las estadísticas de nuevas unidades, pero no se ofrecen los hogares dignos de dos o tres habitaciones que las familias realmente necesitan. Esta política condena a la clase trabajadora, y especialmente a los menores, a la exclusión social y a graves problemas de salud física y mental, cuyo elevado coste acabará asumiendo la sanidad y los servicios sociales del Estado.

Pero lo que de verdad es el gran tabú de nuestro sistema económico insular es el agujero negro del negocio turístico. Mientras se legaliza la infravivienda, una parte significativa de esas más de 100.000 viviendas de uso estacional o turístico ya mencionadas están en manos de propietarios extranjeros que, sin residir en Balears, las alquilan desde su país de origen a sus conciudadanos. Datos de consumo eléctrico apuntan a que operan en un mercado paralelo opaco: inmuebles en manos de especuladores y propietarios no residentes que retiran las casas del circuito local para lucrarse con el alquiler estacional, a menudo esquivando licencias y tributación.

En conclusión, Balears es el paradigma del triunfo de la especulación. El ‘efecto cobra’ de la Ley 3/2024 es innegable: la norma parte de un error de diagnóstico fundamental. Asume que en Baleares falta ladrillo, cuando lo que sobra es especulación. Construir más e incentivar a los propietarios sin intervenir el uso real del parque inmobiliario existente no corrige el problema, lo agrava. El mercado sigue desviando la vivienda hacia usos más rentables mientras el Govern mira hacia otro lado. La estrategia actual no garantiza un derecho constitucional, sino que perpetúa un sistema voraz donde la rentabilidad aplasta la vida de los residentes, invisibilizando el brutal coste humano de la crisis habitacional en las islas.

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