La grave erosión por los casos Zapatero, mascarillas y chófer

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha generado un enorme impacto institucional y social. No se trata únicamente de la dimensión judicial o política, sino del deterioro que provoca en la confianza de la ciudadanía que asiste hastiada, una vez más, al afloramiento de supuestas redes corruptas alrededor del poder. En este caso, con el agravante de tocar a un referente de la izquierda, que salió de Moncloa sin ningún caso de corrupción, además de lograr importantes avances en materia de derechos. La imputación a un expresidente del Gobierno obliga a actuar con prudencia y respeto a la presunción de inocencia, pero también exige llegar hasta el final, dejando que la justicia trabaje sin ningún tipo de interferencia. Ser investigado no equivale a ser culpable, pero exige rendir cuentas con máxima transparencia. Zapatero, que niega las acusaciones, tendrá ocasión de explicarse el 2 de junio ante el juez por su papel en el rescate de ‘Plus Ultra’ y los fondos recibidos por él y la empresa de sus hijas, entre otros asuntos. Mientras llega ese día, el Gobierno le respalda sin menoscabo al trabajo de la Justicia, los socios se sienten cada vez más incómodos ante la suma de episodios y la oposición carga contra el presidente Pedro Sánchez, quien se ve en Moncloa hasta el 2027 y más allá.

En paralelo, esta semana hemos asistido a la declaración ante el juez del corrupto confeso Víctor de Aldama por el ‘caso mascarillas’. El comisionista ha exculpado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, entonces presidenta de Balears, y a su Ejecutivo, de haber cobrado por las adjudicaciones a la trama que hizo negocio con la pandemia sin escrúpulo alguno. La desvinculación de las ‘mordidas’ no exime a Armengol de la responsabilidad política de haberles abierto las puertas del Consolat. El llamado ‘caso chófer’, que afecta al jefe de gabinete de la actual presidenta, Marga Prohens, añade otro ingrediente a esta crisis de confianza. El demandante, un veterano conductor de coches oficiales que ha prestado servicio a diferentes presidentes autonómicos, ha declarado esta semana ante la jueza que se encuentra psicológicamente hundido desde que fue reemplazado por un joven pariente de la mano derecha de la presidenta mediante un proceso cuando menos poco ortodoxo. Al posible perjuicio laboral se suma un coste extra para las arcas públicas, ya que el nuevo chófer sufrió un siniestro total en un accidente sin intervención de terceros cuando regresaba de dejar a la presidenta en el aeropuerto.

A la espera de que los tribunales acaben dilucidando todos estos asuntos, se observa que el problema de fondo ya no es únicamente judicial. Es moral y democrático. El ciudadano contempla atónito cómo cada partido denuncia la presunta corrupción ajena mientras minimiza la propia. Caso a caso se erosiona la confianza en las instituciones y se fortalece el discurso antipolítico. Por eso resulta imprescindible recuperar una cultura política basada en la responsabilidad, la rendición de cuentas y la ética pública. No basta con exigir dimisiones al adversario mientras se protege a los propios. Tampoco es aceptable utilizar los tribunales como herramienta de confrontación partidista. La lucha contra la corrupción exige coherencia, independencia judicial y una voluntad real de transparencia porque ninguna democracia puede sostenerse indefinidamente sobre el descrédito permanente de quienes la representan.