El Gobierno sigue catatónico

El órdago es a la grande y el Gobierno ya no puede esconder la gravedad del conflicto sanitario. La huelga médica —la última fue en 1995— ha entrado en fase crítica. Tras semanas de movilizaciones en toda España, el impacto asistencial acumulado supera ya dimensiones históricas: cerca de dos millones de consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas suspendidas o aplazadas, según distintas estimaciones autonómicas y sindicales.

Estamos ante uno de los mayores conflictos sanitarios de las últimas décadas y, sin embargo, el Gobierno continúa sin ofrecer una respuesta política proporcional a la magnitud del problema.

La situación ya no es una mera disputa laboral. Cuando decenas de miles de pacientes ven retrasadas cirugías, diagnósticos o seguimientos clínicos esenciales, el conflicto entra de lleno en el terreno de la salud pública. Y la responsabilidad de evitar que esta situación se cronifique corresponde al Ejecutivo.

Los médicos llevan semanas trasladando un mensaje claro: el actual marco laboral es insostenible. Guardias interminables, sobrecarga estructural, deterioro retributivo, dificultad para conciliar, pérdida de profesionales y ausencia de reconocimiento específico para una profesión con enorme responsabilidad clínica y jurídica.

La respuesta del Gobierno, sin embargo, ha sido insuficiente. No ha habido hasta ahora una propuesta visible de negociación interministerial. No existe un calendario público serio de reforma. Tampoco se ha articulado una mesa política capaz de abordar el núcleo real del conflicto: la necesidad de un estatuto médico propio que reconozca la singularidad profesional de los facultativos dentro del sistema sanitario público.

Porque este problema ya no depende únicamente del Ministerio de Sanidad. El conflicto afecta directamente a competencias de los Ministerios de Hacienda, de Función Pública y de Trabajo. Todos ellos condicionan aspectos esenciales de la negociación: clasificación profesional, jornada laboral, guardias, jubilación, retribuciones y modelo de empleo público sanitario.

Por tanto, si el Gobierno sigue limitando el conflicto a conversaciones parciales o técnicas, estará ignorando deliberadamente la verdadera dimensión del problema.

Mientras tanto, el impacto asistencial sigue creciendo. Cada semana de bloqueo añade miles de consultas suspendidas, cirugías aplazadas y pruebas diagnósticas retrasadas. Y, aunque los médicos conocen mejor que nadie el sufrimiento que esto provoca en los pacientes, también saben que el deterioro estructural de la profesión médica amenaza la sostenibilidad futura de la sanidad pública mucho más allá de esta huelga.

El problema no empezó hace un mes. La fuga de médicos al extranjero, el abandono de plazas de difícil cobertura, las renuncias a contratos precarios y el agotamiento profesional llevan años acumulándose. La huelga no ha creado esta crisis; simplemente la ha hecho visible.

Por eso resulta especialmente grave que, después de semanas de movilización y de un impacto asistencial sin precedentes recientes, el Ejecutivo siga sin asumir plenamente elcoste político de la situación. No se puede pedir sacrificios constantes a los médicos mientras se retrasa indefinidamente cualquier solución estructural.

Tampoco se puede trasladar implícitamente toda la responsabilidad del conflicto a los profesionales que protestan, cuando son precisamente las administraciones quienes tienen capacidad real de negociación y reforma normativa.

La ciudadanía merece una solución. Los pacientes merecen una solución. Y los médicos también.

Pero esa solución exige que el Gobierno abandone la estrategia de desgaste y asuma que este conflicto no se resolverá sin una negociación política de alto nivel, interministerial y con compromisos verificables.

Porque, cuando un país acumula millones de actos médicos suspendidos y, aun así, no activa una respuesta institucional proporcional, el problema deja de ser exclusivamente sanitario y pasa a convertirse en un problema de Estado.

La huelga es la única herramienta real para conseguir un estatuto propio que nos homologue con Europa.