Dame más gasolina

Vamos a acordarnos de Santo Tomás, que hasta que no vio, no creyó. Hay bucles administrativos, galimatías legales incomprensibles, pero que ahí están, como la noche y el día.

Hoy toca hablar de las gasolineras ilegales (supuestamente) de las Avingudes y Progrés de Palma, un suceso: todo un portento. Ambos negocios, al parecer muy lucrativos, funcionan, desde hace años sin apoyo legal y contraviniendo normas diversas. Y no pasa nada.

Resumiendo: los dos surtidores tienen la concesión caducada desde 2008; presuntamente, no pagan el canon por ocupación de la vía pública desde 1985; e incumplieron, en octubre de 2022, una orden de desahucio administrativo en ocho días dictada por el Ayuntamiento. ¿Quién da más?

Hablo de presunto y supuesto, como si fuera una de mis antiguas crónicas de tribunales, porque la realidad jurídica muchas veces es confusa, resbaladiza y hasta viscosa. La propiedad de las instalaciones, que, a buen seguro, cuenta con unos excelentes abogados, ha optado por tirar para adelante y ponerse el mundo por montera.

Los jueces y tribunales están para dictar sentencias y hacerlas cumplir, dice la Constitución. Esto último, la ejecución, es, con frecuencia, algo complejo, lento y difuso. Uno piensa, ingenuo, que ha ganado un pleito, pero luego llega Paco con la rebaja.

Curiosamente, se suelen abrir piezas separadas para cumplir los mandatos judiciales. Se inicia así un segundo proceso, a veces más peliagudo y complicado que la causa principal. No es inusual que pasen años entre dimes y diretes. En algunos supuestos se declara la imposibilidad material de ejecutar el fallo. Todo queda en agua de borrajas.

En la vía administrativa sucede tres cuartos de lo mismo. Uno, inocente, supone que el Ajuntament de Palma o la conselleria d’Educació, por ejemplo, son instituciones poderosas, ágiles y con recursos suficientes para hacer cumplir la ley y doblegar a rebeldes, insumisos e infractores.

No es así, ni de lejos. La Administración, en un Estado de Derecho, tiene que respetar unos protocolos y los derechos de los administrados. No es aquí te pillo, aquí te mato. Además, siempre, siempre, hay que cumplir la legalidad.

En el caso presente en diciembre de 2020 se inició el expediente de recuperación posesoria por el Consistorio de ambas parcelas. Esta iniciativa, oh cielos, caducó por una mala tramitación. Tuvo que resetearse en marzo del 22. Pocos meses después, se conminó a los presuntos «okupas» a que cerraran las mangueras.

Como ya hemos explicado, han pasado casi cuatro años y los irredentos siguen explotando el fuerte.

La tradicional parsimonia de la burocracia; la falta de personal en algunos negociados; los recursos de los afectados; y el ruido jurídico para interpretar los supuestos contribuyen a eternizar los procesos. En ocasiones, también concurren varias Administraciones con competencias en la materia lo que, lejos de aclarar el panorama, lo enturbia y lo ralentiza más.

En nuestra ciudad hay otros muchos ejemplos de estos galimatías legales: el caso del monolito del Crucero Baleares es un claro sube y baja.

Luego acontece la tradicional lentitud de la Justicia que suele tener la última palabra en los conflictos. Las soluciones se demoran así años y años tras recorridos eternos en la vía administrativa. Pasa, a veces, que los jueces ordenan volver a la casilla de salida por alguna pifia institucional. El día de la marmota.

Cort, optimista, ha intentado doblegar a los gasolineros con multas coercitivas, algo que suena excelente. Si no escampas, te sanciono periódicamente. No ha funcionado. Ambas estaciones de servicio están muy bien situadas y sale rentable pagar «multazos» y seguir vendiendo combustible. Además, la Administración Local, llamativamente, rebajó la cuantía de las penalizaciones.

Ahora, un industrial de la competencia amenaza con denunciar al Ayuntamiento por prevaricación continuada. ¿Es pasividad, desidia, delito o la enfermedad del sistema?

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