Una perra llamada Ikramy un niño sin nombre

En agosto de 2019, Tierra, una de mis columnas, arrancaba así:

«Joan Amorós, un maestro en Ibiza, describía hace unos días en su cuenta de Facebook el contraste de ver subir al ferry rumbo a Valencia una quincena de migrantes —los últimos capturados tras llegar en patera a la isla—, esposados, acompañados de una treintena de policías y, a escasos metros, centenares de turistas bajando de macro cruceros: ‘Brutal. Doloroso’».

Cerca de seis años después, la punzada de los contrastes continúa. Una de las últimas me llegó en la portada digital de Diario de Ibiza, encabezada por el titular: «Vicent Marí pide repatriar a 70 menores argelinos tutelados en Ibiza: ‘No están abandonados, están en contacto permanente con sus familias’».

Apenas unas noticias más abajo: «Ibiza hará ‘lo que sea necesario’ para evitar el sacrificio de Ikram, la perrita que llegó en patera».

Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, trasladaba en la IV Conferencia de Presidentes de la XI Legislatura su petición al ministro del Interior la repatriación de los 70 menores de origen argelino que la institución insular mantiene bajo su tutela. Lo hacía en el contexto de la celebración de Marga Prohens: «Aunque nos decían que era imposible, ha sido posible». No se refería la presidenta del Govern de les Illes Balears a haber acabado con la brutal desigualdad que obliga a miles de personas —incluidos niños— a lanzarse al Mediterráneo, sino a que se habían producido «las primeras repatriaciones de menores migrantes».

Marí hablaba de la necesidad de intensificar la coordinación y colaboración con los países emisores para evitar la salida de más inmigrantes víctimas de mafias, a la vez que señalaba la «insostenible» situación del servicio que presta atención a más de 110 menores bajo tutela, recursos saturados y un sistema que no ha crecido al ritmo de las llegadas.

Y luego está Ikram, una pasajera inesperada en una patera arribada en junio del año pasado con 18 personas a bordo. Un mastín italiano de apenas tres meses que viajó con su dueño, un niño, que incluso llevaba su cartilla de vacunación como salvaconducto para evitar que se la arrebataran. Pero los protocolos separaron sus destinos de inmediato. El niño —del que no sabemos ni el nombre— se diluyó en el anonimato administrativo colapsado, mientras Ikram puso a la sociedad en pie ante la normativa vigente donde solo tenía cabida la repatriación o el sacrificio. Más de diez mil firmas pidieron su indulto y decenas de llamadas dentro y fuera de España se ofrecieron a acogerla.

Y de aquel niño... no sabemos nada.

Sin la suerte de la perra —su perra—, si se aplicaran los procedimientos ansiados por algunos dirigentes, podría ser retornado a Argelia.

Y luego están los cinco menores repatriados. Así narraba la noticia en su día el periódico Le Matin d’Algérie:

«Siete jóvenes de quince años roban un barco, cruzan trescientos kilómetros del Mediterráneo y llegan a Ibiza como si hubieran tomado un autobús escolar. La gente dirá que es una imprudencia. Dirán que son menores de edad, que deben ser repatriados, que sus padres deben ser reprendidos. Dirán de todo menos lo esencial: si se lanzaron al mar, es porque les robaron su futuro aquí antes incluso de robar el barco».

La visibilidad del caso —retransmitido en vivo en redes— acabó activando que sus padres y las autoridades argelinas reclamaran el regreso de los menores. Todavía fueron necesarios meses de intermediación internacional, como muestra, mucho más allá de que son posibles los imposibles, de que la repatriación es una excepción y a la vez, la mejor prueba de que el sistema funciona. Porque en el sistema no prevalecen las llamadas telefónicas o no de los niños, sino el «interés superior del menor». Así lo recogen la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la legislación española, que dicta que la Administración debe intentar la reagrupación familiar o el retorno «siempre que ello responda al interés superior del menor».

Pero ese «interés superior del menor» se acompaña de una pregunta incómoda: ¿está en la tierra que abandonan arriesgando la vida?

El informe Monitoreo del Derecho a la Vida 2025 de Caminando Fronteras señala que la ruta argelina se ha convertido en una de las más letales hacia España, con 1.037 de las 3.090 víctimas totales en nuestras costas. 437 eran niños.

Hay una frase que se repite mucho (incluso entre los políticos) en defensa a la perra: «ella no tiene la culpa», pero, ¿y los niños?

¿Puede que la existencia de familia que habla por teléfono con ese hijo y una realidad tan dura como para asumir semejante travesía no sean ideas incompatibles?

Así lo resume Le Matin d’Algérie:

«No es el Mediterráneo lo que atrae a nuestros hijos, sino la Argelia oficial la que los repele. No es Europa la que los seduce, sino la injusticia la que los empuja a la desesperación».

De nuevo, un contraste brutal. Doloroso.

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