Paz por presos

Cuando el 3 de mayo de 2018 la organización terrorista ETA acordó su disolución, pensé que aquel adiós a las armas, trufado de derrota, se hacía a cambio de la libertad de sus militantes presos.

Nueve años después quedan en las cárceles españolas poco menos de 125 presos de ETA, la mayoría con elevadas condenas, pero muchos con regímenes de semi-reclusión y otros a punto de conseguir la libertad.

La ecuación cese de acciones por excarcelaciones nunca se planteó explícitamente, pero a buen seguro que formó parte de las negociaciones entre el Gobierno y la banda, mediadores internacionales incluidos. En su día parecía que el Estado había triunfado sin ningún tipo de concesión: era una falacia. En estos años la máquina de los Gobiernos central y vasco y las asociaciones de apoyo a los presos ha trabajado soterradamente para abonar el precio del acuerdo.

Cierto que Policía y Guardia Civil y Audiencia Nacional han continuado investigando crímenes sin esclarecer; cierto que han proseguido los juicios contra los terroristas, algunos con duras sentencias. Pero no es menos real que los tribunales también han corroborado esa política de magnanimidad, aunque con excepciones.

Algunos medios de comunicación, partidos conservadores y asociaciones de víctimas se escandalizan, protestan y denuncian ciertas libertades, especialmente cuando afectan a dirigentes del grupo. Sospecho que la ciudadanía en general pasó hace tiempo página sobre esta lacra. Se asume, de manera natural, que el pacto tácito se vaya materializando.

Pronto nos olvidamos de aquellos terribles asesinatos, de los largos secuestros, de las extorsiones, de los sabotajes y estragos… Se vive mucho mejor en paz, aunque haya que pagar un precio.

Por mi profesión y origen viví muy de cerca las acciones de ETA. Algunas frases y posturas todavía me duelen. «ETA mátalos», se oía en las calles y mítines y se leía entre líneas en algunos periódicos. Había que cosificar a las víctimas y presentar a sus verdugos como los «salvadores».

Se justificaba la violencia como fruto de una inexistente «guerra» entre dos países, uno real, y otro utópico, racista y xenófobo. Nunca hubo tal guerra, pero algunos sí se la creyeron. «Algo habrá hecho», se mascullaba cuando alguien, paisano, civil, militar, o lo que fuera, perdía la vida en una acción armada.

«Socializar el sufrimiento» fue la consigna de la cúpula para extender la muerte por toda España y ampliar el número de posibles blancos. La maldad, como vemos actualmente, busca eufemismos para ocultar sus múltiples crímenes.

Mallorca no se libró. Dos jóvenes guardiaciviles, Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvà Lezaun, fueron asesinados en Palmanova el 30 de julio de 2009. Desde entonces he admirado el temple del padre del segundo, el doctor Antonio Salvà, que busca, incansablemente, justicia. No puedo imaginarme el dolor de perder a un familiar querido de esta forma. Es casi imposible que las víctimas de ETA asuman los hechos consumados de las excarcelaciones, algunas con el celofán de un supuesto arrepentimiento de los homicidas. Se ignora quién puso las bombas lapa en Calvià; tampoco se sabe quién pasó la información previa al comando itinerante. Solo un milagro puede poner luz en este atentado.

También es absurdo equiparar hoy a ETA con Bildu, o, incluso, con el PNV. Ambos partidos acatan el sistema democrático, pese a que les duela a algunos.

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