Normalizar lo excepcional

El informe de la delegación del Parlamento Europeo sobre el Estado de derecho en España y la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024 del Tribunal de Cuentas, ambos hechos públicos recientemente, coinciden, desde perspectivas distintas, en señalar una deriva de deterioro institucional en España.

El primero pone el foco en el abuso del decreto-ley, una figura prevista para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad que el Gobierno ha terminado convirtiendo en un instrumento ordinario de gobierno, con más de 120 decretos aprobados desde 2018. Su utilización sistemática no solo reduce el debate parlamentario y debilita los mecanismos consultivos, sino que, en el caso de los llamados decretos ómnibus, obliga además a votar conjuntamente cuestiones heterogéneas, erosionando la función deliberativa de las Cortes. A ello se suma la inseguridad jurídica derivada de medidas concebidas inicialmente como excepcionales, como ha ocurrido en materia de alquileres, cuya aprobación y posterior derogación acaban generando incertidumbre sobre su aplicación y alcance. No resulta casual, en este contexto, que el propio Gobierno prevea en su Plan Anual Normativo que cerca del 73% de las iniciativas previstas para este año -131 de 179- se tramiten mediante reales decretos, una previsión que no es ajena a la dificultad para articular una mayoría parlamentaria.

Pero es que, además, el informe europeo añade dudas sobre el sistema de elección del CGPJ, que España sigue sin adaptar a los estándares europeos, y advierte del creciente deterioro en la percepción de neutralidad institucional, una preocupación que extiende también a RTVE por las reiteradas vulneraciones de los principios de pluralidad y objetividad señaladas por el propio Consejo de Informativos. A lo que se suma el reproche al Gobierno por negarse a reunirse con la misión europea durante su visita, proyectando una imagen poco compatible con la transparencia exigible a una democracia consolidada.

El segundo aviso procede del Tribunal de Cuentas que, pese a emitir un dictamen globalmente favorable, cuestiona el uso de 2.389 millones de fondos europeos Next Generation para financiar pensiones, al considerar insuficientemente justificada su base jurídica. Un recurso que no se puede desvincular de la incapacidad gubernamental para renovar los presupuestos, y que le lleva a recurrir a modificaciones presupuestarias -ya son más de 77.000 millones de euros- y a fondos europeos previstos para la recuperación económica con el fin de cubrir gasto corriente.

Ambas prácticas, tanto el recurso reiterado al decreto-ley como la utilización de mecanismos presupuestarios extraordinarios, responden, en el fondo, a la misma lógica política: la normalización de lo excepcional -concebido como un recurso coyuntural- y su conversión, en ausencia de mayoría parlamentaria, en una forma ordinaria de gobernar que deteriora los equilibrios institucionales y la calidad democrática.

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