No hay decreto de la vivienda

En estas fechas, se está debatiendo La Ley de Vivienda, cuyo objetivo es garantizar un derecho incluido en el artículo 47 de la Constitución: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efecto este derecho» pero, con excesiva frecuencia, del dicho al hecho hay un buen trecho.

En Balears, el acceso a la vivienda es el segundo problema que afecta a las clases medias y a las personas y familias con bajas rentas. Tal zozobra es solo superada por «la inestabilidad laboral vigente» Pero, casualidades de la vida, ambas inquietudes están íntimamente relacionadas. Es una realidad la existencia en Balears de un mercado que ya está haciendo saltar las alarmas inmobiliarias, es la comunidad que requiere un mayor esfuerzo económico para poder comprar una casa. Según los expertos, no se debería destinar los ingresos de más de cuatro años a pagar una vivienda.

«Los problemas de la vivienda no son fáciles» (Ana Noguera). No recaen solamente en el gobierno central, también tienen obligaciones las autonomías gobernadas en su mayoría por el PP que siempre eluden sus deberes. Y, por supuesto, los ayuntamientos son quienes poseen y administran la mayor parte del suelo disponible. Además, la legislación europea marca líneas rojas. Esto quiere decir que es irresponsable pasarse la pelota entre políticos, cuando todos están implicados con parte de las competencias.

Al problema de la vivienda se le suman muchos factores: la población española en los años 50 era de 28 millones, en 2000, de 40,5 y, en la actualidad, 49; eso significa 340.000 personas más al año, y unas 136.000 viviendas; solo por crecimiento demográfico, el problema es descomunal. La migración se moviliza de las zonas rurales a las grandes ciudades masificadas, donde todos quieren vivir porque tienen más oportunidades de trabajo y de estudios. Cuando se saturan los mercados de vivienda en las ciudades, se dispara el precio de las periferias, con los consiguientes problemas de movilidad. Existe una oferta más atractiva de pisos turísticos, más rentables y los grandes tenedores desahucian inquilinos con el fin de quedarse múltiples propiedades. La burocracia de permisos para la construcción, sobre todo en los ayuntamientos, genera retrasos de varios años que, además, disuade a los constructores para invertir en otras áreas más dinámicas. Además, y aunque esto no se contemple, hay un gran cambio sociológico en pocas décadas, donde cada vez más la gente vive sola, lo que demanda más vivienda.

Emanciparse joven supone un riesgo casi imposible de asumir. La mayoría de las veces se acaba por compartir piso, sin apenas intimidad, en condiciones muy precarias, con un espacio privado reducido a una habitación. Si la emancipación es en pareja, supone que ambos trabajan y tienen unos sueldos mínimamente dignos para dedicar un salario completo mensual a la vivienda y el otro para subsistir dos personas. ¿Cómo formar así una familia?

Según Eurostat, «desde 2015, el precio de compra de la vivienda en España ha subido un 42% y los alquileres se han disparado hasta el punto de que el 39% de los hogares en este régimen han de destinar más del 40% de sus ingresos a esa partida. Tales aumentos han cambiado la estructura de la sociedad: en la primera década de este siglo, el 75% de las familias de entre 30 y 44 años vivían en una casa en propiedad. Ahora son el 55%. Y los que viven de alquiler son el 34%, el doble que entonces».

Algunos achacan los precios de venta y de alquiler a la Ley del Alquiler Turístico. Sin duda, es un factor a tener en cuenta, especialmente en viviendas plurifamiliares, pero no es la única causa. El acceso a una vivienda digna, en régimen de compra o alquiler, seguirá siendo insostenible mientras una parte muy significativa del mercado laboral se rija por la precariedad y los salarios bajos.

«Tengo más dudas que soluciones», (Ana Noguera). Ahora bien, el gobierno de coalición, con todas las dificultades que supone aunar medidas diferentes, intenta poner ideas encima de la mesa. Pero el parlamento español se ha convertido en un frontón donde todo lo que venga del gobierno es un «no» por sistema, tendente a asfixiar al Gobierno de Sánchez, aunque eso suponga hacer daño a los españoles. Como siempre ha hecho la derecha: ¡Cuánto peor para España, mejor para el PP!

Pero se olvida el PP con ese maniqueísmo tan táctico que gobierna en la mayoría de las autonomías y multitud de ayuntamientos. Y que, además, no tiene ningún plan de vivienda. ¿Qué piensan los partidos que dicen «no» a este decreto? ¿Cuáles son sus medidas? ¿Por qué la oposición no tiene la obligación de plantear un modelo, unas medidas positivas?

No sirven las recetas antiguas de la liberalización del suelo, de la ley del mercado campando a sus anchas. Ni tampoco se puede hablar de vivienda pública como un remedio si no existe un pacto de Estado con el compromiso de que la vivienda quede fuera del debate político.

Suscríbete para seguir leyendo