Bestard, abuso personal y partidista del coche oficial

La explicación del vicepresidente segundo del Consell, Pedro Bestard, sobre el polémico uso de coches oficiales no ha dejado lugar a dudas. El político ultra no convenció sobre la rectitud de su conducta porque nada justifica la presencia de un vehículo de la institución insular en un acto de Vox, un flagrante caso de uso partidista de recursos públicos. «No es la foto completa», alegó sin dar mayores detalles en la Comisión de Transparencia sobre la imagen de hasta dos coches oficiales aparcados de noche ante su domicilio particular. El uso personal en este caso apunta a un segundo usuario o a un abusivo apalancamiento de flota de la institución en la que todos los altos cargos, con la excepción del presidente que tiene vehículo asignado, comparten el parque móvil para atender sus tareas públicas. Como los funcionarios, han de solicitarlo de forma expresa, dando cuenta del cometido. Además de mermar las posibilidades de movilidad a sus compañeros de gobierno, el comportamiento de Bestard también ha generado malestar en el departamento que dirige, donde no van precisamente sobrados de vehículos para atender los servicios del área de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes. Su conducta afecta al funcionamiento operativo de la propia administración insular, con dos agravantes que alimentan la sospecha y chocan con la transparencia: utilizó esos coches oficiales sin la debida rotulación institucional que los identifica y retocó la agenda pública cuando trascendió el escándalo.

Bestard, que llegó a admitir posibles «errores», se aferra al argumento de que trabaja mucho y que en todo caso lo hizo «por comodidad» y «por economía». De momento, el ahorro más claro se concentra en su holgado bolsillo de vicepresidente insular, que da para pagarse el carburante de desplazamientos personales y bastante más. No es la primera vez que el político de Vox se enfrenta a una polémica entre ética y política. Bestard ya dio muestras de su dificultad para delimitar intereses públicos y privados cuando accedió a la vicepresidencia del Consell y pretendió mantenerse en la presidencia del Federación Balear de Caza, pese a que la Ley del Deporte establecía claramente la incompatibilidad de encabezar una federación deportiva con un cargo público electo o de designación política. Tras semanas de polémica e incluso intentos de modificar la norma, el político de Vox acabó renunciando a la representación de los cazadores.

La gravedad política de este nuevo episodio de Bestard no reside únicamente en el posible coste económico del uso indebido de un vehículo oficial. Más allá de la legalidad, el caso ahonda en una cuestión mucho más profunda: la distancia entre las exigencias éticas que reclama la ciudadanía y la cultura política de quienes siguen entendiendo las instituciones como espacios de privilegio. Por ello, la respuesta ante este tipo de comportamientos no puede limitarse a una discusión administrativa sobre kilometrajes o agendas oficiales, que no obstante deberán aclararse en los informes solicitados. Lo que está en juego es el modelo de relación entre representantes y ciudadanía. La política precisa de una cultura de responsabilidad basada en la austeridad, la transparencia y la ejemplaridad. La continuidad de Bestard, sustentada por PP y Vox, erosiona la imagen del gobierno de Llorenç Galmés y mina la confianza de la ciudadanía en la política.