Preferencias y realidad en el debate político

En el debate político, los partidos expresan al menos dos cosas: sus preferencias—o las preferencias de las personas que representan—y su visión de la realidad. Esta mezcla es problemática.

Los partidos expresan sus preferencias cuando describen la sociedad que desean sus votantes. Por ejemplo, los partidos más liberales promueven la libertad individual, prefieren impuestos bajos, donde cada uno paga por lo que quiere. Los partidos más progresistas, en cambio, priorizan lo colectivo, con impuestos más altos y redistribución hacia los menos favorecidos. No hay preferencias correctas o incorrectas. Como canta Joan Manuel Serrat, «cada loco con su tema», contra gustos no hay ni puede haber disputas. Por esto, el debate político es importante para que los ciudadanos elijan al partido que mejor les representa —aunque las preferencias políticas dependen en gran medida del contexto familiar, estatus socioeconómico, incluso de la genética heredada—.

El problema es que los partidos políticos no solamente expresan preferencias, sino también una visión de la realidad: explican sus causas y la evalúan. Y mientras que la discusión sobre preferencias es una cuestión de gustos y admite opiniones, la realidad no lo es tanto, y el espacio para las opiniones es reducido. Expresiones como «subir los impuestos aumenta la recaudación» o «la regularización de inmigrantes causa un efecto llamada» describen cómo funciona la realidad socioeconómica y asumen una relación de causa-efecto. Pero para entender la realidad, la mejor herramienta que tenemos es la ciencia. Si la ciencia lo sabe, lo que exprese un partido político tiene poco valor. Si existe incertidumbre científica, como ocurre con frecuencia, los partidos deberían reconocer esa incertidumbre en el debate. Y si la ciencia no tiene respuesta, lo que exprese un partido político es cuestionable, por tener conflicto de interés.

Me explico mediante un ejemplo. Cuando un científico cree haber hecho un descubrimiento, escribe un artículo y lo envía a una revista científica. Entonces, el editor pide opinión a otros científicos expertos en la materia, siempre que no tengan conflicto de interés. Existe conflicto de interés cuando la publicación o rechazo del artículo pueda beneficiar o perjudicar al evaluador y afectar su juicio —por ejemplo, si el artículo critica una teoría propia—. Por esto, el editor busca evaluadores sin conflicto de interés, pero a veces son los mismos evaluadores quienes al detectar conflicto de interés, se abstienen de hacer la evaluación. Naturalmente, una evaluación hecha por alguien que podría beneficiarse de ella tiene poco valor.

Esto es evidente en el «baile de cifras» de cada manifestación. En la última del 8M, la delegación del gobierno habló de 170.000 manifestantes, pero los organizadores contaron un millón —según El País—. Los partidos políticos citan una fuente u otra según su visión. Por esto, preguntar a las partes interesadas no parece ser la forma de conocer el verdadero número de manifestantes porque, como todos sabemos, las partes tienen conflicto de interés.

Imagine que un científico que acaba de abstenerse de evaluar un trabajo por conflicto de interés escucha al líder de la oposición enumerar los diez fracasos del gobierno, como ocurrió en 2025 a modo de balance anual. Para muchos ciudadanos, con independencia de su afinidad política, esta opinión debería tener poco valor. Es evidente que el líder de la oposición tiene conflicto interés al evaluar al gobierno en funciones. Para el científico, no solamente esta opinión tiene poco valor, sino que debería ser el propio líder de la oposición el que se excusara de darla —como sucede en la evaluación por pares de un trabajo científico—. Pero esto es tan inverosímil que resulta cómico. Es como si el político dijera «no daré mi opinión sobre el gobierno actual porque yo podría beneficiarme personalmente, y eso invalida mi opinión». Nada más alejado de la realidad, hasta el punto de que parecería incomprensible en el contexto de la comunicación política a la que estamos acostumbrados.

Esto tiene algo de ingenuo. La política existe precisamente para disputar el poder, no para entender mejor la realidad, por lo que el conflicto de interés es su estado natural. Precisamente por esto, la mezcla de preferencias y descripciones de la realidad en el debate político es problemática, ya que obliga al electorado a discriminar constantemente entre aquello que admite debate y aquello que no.

Para mejorar el debate, iniciativas como la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso, Ciencia en el Parlamento, y la recientemente creada Oficina Nacional de Asesoramiento Científico intentan dar voz a la ciencia en el debate político, proporcionando conocimiento científico independiente. Es decir, intentan separar las cuestiones empíricas —lo que sabemos de la realidad— de las preferencias —qué se debería hacer con ese conocimiento científico—. De esta forma, los partidos pueden centrarse en explicar sus preferencias y las propuestas que creen que las materializarían, y dejar la descripción de la realidad a organismos que no tienen conflictos de interés.