La migración: un debate inaplazable

La migración forma parte del conjunto de problemas sociales, económicos y políticos que atraviesa nuestras realidades. Ni el «buenismo» de las fronteras abiertas, ni una amnistía generalizada sin criterios. Pero tampoco las políticas xenófobas que, disfrazadas de orden y sentido común, no son más que racismo con corbata. Como señalaba recientemente Antonio Cazorla en El País: «cuando determinados humanoides hablan de defender la civilización, en realidad, están hablando de otra cosa». Se puede decir más alto, pero no más claro.

El Gobierno de España acaba de iniciar, el 16 de abril de 2026, un proceso extraordinario de regularización de personas migrantes que ya residen en el país. El plazo se extiende hasta el 30 de junio. En Balears, unos 10.800 expedientes de arraigo estaban ya en tramitación según la Delegación del Gobierno, y el proceso arrancó en Palma con calma y orden. No son delincuentes, ni vienen a vivir de los impuestos de los españoles. Lo que quieren, sencillamente, es trabajar. Son vecinos que llevan meses o años entre nosotros, trabajando en condiciones de informalidad o precariedad administrativa, en sectores esenciales para nuestras islas: la hostelería, los cuidados, la agricultura. La regularización no inventa nada; ordena una realidad que ya existe. Y lo hace reconociendo derechos.

La aportación de los migrantes a nuestra economía es estructural. En 2025, el 77% de las nuevas altas en el trabajo autónomo en España correspondieron a personas de origen extranjero. Sostienen el empleo, refuerzan el sistema de pensiones y contribuyen a la prosperidad compartida. En Baleares, donde el modelo turístico depende masivamente de mano de obra que los autóctonos no queremos asumir, esta realidad es especialmente visible. Como Teresa Garcia-Milà señalaba en El País, entre 2000 y 2025 la proporción de población nacida en el extranjero en España pasó del 4% al 20%, una cifra única en la Unión Europea. La pregunta no es si los necesitamos. La pregunta es si somos capaces de gestionar su integración con coherencia y dignidad.

La respuesta del Govern balear de Marga Prohens ha sido, en cambio, anunciar recursos judiciales para paralizar la medida, agitando el fantasma del efecto llamada y el colapso de los servicios públicos. Argumentos que las entidades sociales, Cáritas entre ellas, han rechazado con datos. Quienes solicitan la regularización ya están aquí, ya usan los servicios (tienen derecho a la asistencia sanitaria) y ya trabajan: sencillamente, lo hacen sin papeles, sin cotizar, sin derechos. La regularización no genera más presión; genera más justicia y más recaudación fiscal. Y, sin embargo, el Govern prefiere seguir el guion de la ultraderecha antes que reconocer una realidad que tiene delante de los ojos.

No es nuevo. Vox y los partidos xenófobos de toda Europa practican desde hace años el viejo aforismo: una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Los migrantes como chivo expiatorio de todos los males: la vivienda cara, los servicios saturados, la inseguridad. Pero la realidad es tozuda. La mayoría de quienes migran lo hacen obligados por razones de supervivencia, con la esperanza de regresar a sus países, y descubren que lo que debía ser transitorio se vuelve permanente porque la situación en origen no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. Vista la realidad, la migración se nos antoja más una obligación que un derecho. Y eso debería interpelarnos como sociedades democráticas. Mientras tanto, el Mediterráneo, nuestro Mare Nostrum, se ha convertido en un cementerio. Y los menores no acompañados que llegan solos a nuestras costas, cuando cumplen la mayoría de edad sin papeles, quedan a la calle sin ningún amparo: esa es la civilización que algunos dicen defender.

La solución no está ni en las fronteras cerradas ni en la ingenuidad de quien ignora la necesidad de gestión y criterios. Está en una política migratoria coherente, que comprometa a todos los países de la Unión Europea, que reforme la Ley de Extranjería y garantice integración real: vivienda, educación, trabajo digno. En Balears, tierra históricamente acogedora de quien viene a trabajar y a sumar, la respuesta del Govern PP-Vox va en sentido contrario. No hay democracia sólida que pueda construirse sobre el discurso de odio hacia los más vulnerables.

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