Justicia al límite, colapso estructural de los tribunales

El colapso de la justicia en Balears se ha convertido en una realidad sostenida y preocupante. La memoria judicial de 2025 presentada esta semana por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Carlos Gómez, evidencia un sistema sometido a una presión constante, incapaz de absorber el creciente volumen de litigios, con listas de espera que ya duplican a las de la sanidad. Los datos baleares son elocuentes: en 2025, ingresaron más de 200.000 asuntos en los juzgados del archipiélago, de los cuales se resolvieron algo más de 194.000, pero quedaron pendientes cerca de 121.000 procedimientos, lo que supone un incremento cercano al 9% respecto al año anterior. Traducido a impacto social, esto supone que prácticamente uno de cada seis ciudadanos de las islas están a la espera de una resolución judicial, la mayoría asuntos relativos la vida cotidiana, desde un accidente de tráfico a un impago o un despido improcedente. En este contexto, la justicia deja de ser un servicio eficaz para convertirse en un sistema diferido, donde los derechos existen, pero su reconocimiento llega tarde. Esta situación refleja una paradoja del Estado de Derecho contemporáneo: el reconocimiento formal de derechos no siempre va acompañado de los medios necesarios para garantizarlos en tiempo razonable. Estas demoras no solo erosionan la confianza ciudadana, sino que pueden comprometer la calidad misma de la justicia, al diluir pruebas, testimonios y la percepción de inmediatez del castigo o la reparación. «Ha pasado mucho tiempo» o «no me acuerdo» se convierten en muletilla recurrente en las vistas, como hemos escuchado estos días en la sala de vistas del caso Kitchen.

A diferencia de lo ocurrido en áreas como hacienda, la justicia arrastra una falta histórica de inversión en medios humanos y materiales desde la transición democrática, lo que ha generado un desfase estructural difícil de corregir a corto plazo. El colapso creciente que padece la administración de justicia en las islas responde a una combinación de factores. En primer lugar, la alta litigiosidad en Balears, situada por encima de la media nacional, refleja una sociedad dinámica, con intensa actividad económica y una población flotante significativa, elementos que generan conflictos en todos los órdenes jurisdiccionales. Otro elemento clave es la organización interna. La implantación de nuevos modelos, como los Tribunales de Instancia que ha convertido la oficina judicial en una macro oficina con servicios comunes, se encuentra aún en fase de ajuste. De momento, han generado críticas entre las organizaciones sindicales por considerar que añade confusión en la gestión del día a día y sobrecarga laboral. El déficit de equipamientos es otra constante en un territorio insular, que todavía añade mayor dificultad a la organización. La falta de espacio en Mallorca se resolverá en parte con la nueva sede judicial en Manacor, ya en construcción, y la de Palma, con el proyecto de redacción del plan en fase de concurso. Las soluciones pasan por una inversión sostenida y planificada, por reforzar plantillas -Gómez reclama 39 jueces más y para el año que viene se prevén doce- , por modernizar la organización judicial y por fomentar vías alternativas como la mediación. Sin una intervención decidida, el riesgo no es solo el aumento del atasco, sino el deterioro progresivo de la confianza ciudadana en la justicia, fundamento del Estado de Derecho.