El Consell de Mallorca contra Hannah Arendt

Hay días en que la política no informa, sino que distrae. Cuando falta gestión, aparece el truco del gran anuncio: repetir hasta la saciedad algo viejo para hacerlo pasar por nuevo. La filósofa Hannah Arendt lo advirtió con crudeza al reflexionar sobre la relación entre verdad y poder: la sinceridad nunca ha figurado entre las virtudes políticas, mientras que la mentira ha sido vista demasiadas veces como una herramienta útil y justificable.

Desde el PSIB-PSOE de Mallorca no podemos aceptar que, ante la emergencia habitacional, se gobierne a base de golpes de efecto y medias verdades, sobre todo cuando sirven para encubrir tres años perdidos de inacción del tándem PP-VOX.

Durante el último debate de política general del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés anunció —996 días después de su toma de posesión— la cesión gratuita de un solar al IBAVI para construir hasta 300 viviendas de protección pública. Si se ejecuta con rapidez, este proyecto puede contribuir a aliviar el grave problema que padecemos. Pero un anuncio, por sí solo, no es garantía de nada. Ante esta duda más que fundada de credibilidad, hay que tener en cuenta que no puede presentarse como «novedad» lo que ya estaba encaminado desde hace años.

Febrero de 2019. Francina Armengol, al frente del gobierno autonómico, impulsa la firma de un protocolo institucional para crear vivienda pública en este mismo solar y señala el paso administrativo imprescindible: que el Ajuntament de Palma modificara los usos para hacer posible la construcción de vivienda. Es decir, la «idea» de Galmés no nace en 2026.

El Pleno de Cort, presidido entonces por el alcalde socialista José Hila, aprobó definitivamente el documento estructural del Plan General el 28 de abril de 2023. Ese planeamiento incorporó precisamente el trabajo que ahora Galmés omite: la recalificación urbanística del solar para permitir una actuación residencial pública destinada íntegramente a vivienda protegida y alojamientos dotacionales, además de mejorar la permeabilidad urbana y reforzar la reserva de espacios libres.

El plan aprobado en 2023 fijaba obligaciones concretas. Establecía una superficie de 45.341 metros cuadrados, una capacidad máxima de 600 habitantes y un máximo de 240 viviendas, todas protegidas. También incorporaba criterios urbanísticos de adaptación a la emergencia climática y reservaba zonas verdes y equipamientos, además de ordenar viales, movilidad sostenible y mejora paisajística del barrio.

Un dato político que es especialmente revelador: el Partido Popular que hoy se apropia del trabajo hecho, votó en contra del Plan General que hacía viable esta operación. Quien hoy presume de dar soluciones se apoya en un planeamiento al que se opuso. Desde julio de 2023, no se ha iniciado ninguna nueva obra de vivienda protegida atribuible al actual Ejecutivo autonómico; promociones aún en fase de redacción o sin arrancar siquiera.

Por su parte, el Consell se ha declarado «incompetente» cada vez que el PSIB-PSOE ha planteado soluciones para que, desde su ámbito institucional, garantice el derecho a la vivienda digna: cesión de solares para VPO, ayudas a emancipación de jóvenes, topes a los precios disparados de alquiler, etc. Galmés tiene otras prioridades: desclasificar suelo urbano para generar barrios «gueto» en la ciudad y aprobar una amnistía urbanística hecha a imagen y semejanza de quienes construyeron ilegalmente en rústico. El PP siempre sabe a quién se debe.

Mallorca no necesita anuncios desempolvados o reciclados en forma de propaganda institucional que pagamos todos. Exigimos convenios firmados, plazos públicos, transparencia y vivienda protegida de verdad, para la vida real. Porque la emergencia no se resuelve con titulares: se resuelve con llaves para la gente.