Bienestar social y democracia en Balears

Vivimos en una época compleja en lo económico, lo social y lo político. En nuestra Comunidad gozamos, todavía, de índices positivos de crecimiento: el PIB balear creció en 2024 un 4%, por encima de la media española (3,2%), y el PIB per cápita —34.381 euros— registró la subida más pronunciada de toda España, impulsado por el turismo. Pero ¿tiene futuro este modelo? No podemos ignorar que el crecimiento cuantitativo convive con salarios insuficientes, empleo de baja calidad y temporalidad, acceso prohibitivo a la vivienda y creciente inestabilidad vital para amplios segmentos de la población. El crecimiento económico repercute, o debería repercutir, en el desarrollo social de una sociedad. Centrar el progreso únicamente en lo económico implica ignorar el progreso social: los salarios, la formación, la vivienda digna, el nivel de seguridad, las perspectivas de futuro, el acceso en igualdad de oportunidades a los servicios públicos básicos. En los últimos tiempos, una revolución tecnológica, una revolución demográfica, la globalización y la hegemónica revolución conservadora (que predica el individualismo y el sálvese quien pueda) han erosionado el contrato social.

Pero la realidad es terca, y tres datos lo ilustran con claridad:

Primero, la precariedad laboral. Baleares encabeza el índice de pluriempleo del Estado: el 84,2% de sus trabajadores con empleo secundario supera con creces la media nacional (54,8%), concentrado en hostelería y turismo. Miles de familias enlazan contratos de temporada sin perspectivas ni seguridad. Para muchos jóvenes, trabajar en el sector turístico no es una opción: es una trampa.

Segundo, la crisis de vivienda. En 2025, el precio medio de la vivienda en Baleares alcanzó los 3.988 €/m², un 11,5% más que el año anterior, y el valor tasado ha subido más de un 80% en una sola década, según el ministerio de Vivienda. El 38% de los inmuebles han sido adquiridos por extranjeros entre 2007 y 2025. El resultado es conocido: compartir habitación, pluriempleo forzoso o emigrar. «Crece el número de ricos en Baleares», publicaba hace un tiempo Diario de Mallorca, mientras las clases medias y bajas no pueden cubrir sus necesidades más básicas.

Tercero, la soledad no deseada de las personas mayores. Según el Anuario del Envejecimiento 2024 de la UIB, alrededor de 15.300 mayores de 65 años en Baleares viven un grado importante de soledad: 5.600 se sienten siempre solos; 9.700, casi siempre. Las proyecciones del INE prevén un crecimiento del 60% de la población mayor en el archipiélago de aquí a 2037. La soledad causa impactos graves sobre la salud física y psíquica, y su coste para la sociedad española supera los 14.000 millones de euros anuales.

Hoy atravesamos, además, una crisis política. Existe un clímax de malestar social y de desarraigo provocado por los «comportamientos y malos usos» de las instituciones representativas convertidas demasiado a menudo en simples campos de batalla. Ya en 1981, Enrico Berlinguer advertía que los partidos se habían convertido en máquinas de poder y de clientelismo, con escaso o erróneo conocimiento de los problemas de la sociedad y de la gente. Se puede decir más alto, pero no más claro. De ahí surge la preocupante desafección hacia todo lo que huele a política. Sus consecuencias son inquietantes: la aparición relativamente exitosa de alternativas populistas, ultras, antisistema y xenófobas, en países de honda tradición democrática, desde Francia a Alemania pasando por los países nórdicos. Y también en nuestras Islas.

En Baleares, el dueto PP-Vox ganó las elecciones autonómicas de 2023 con un pacto de 110 puntos que vincula la acción de gobierno. El balance, en materia de bienestar social, es elocuente. Frente a la crisis de vivienda, el Govern aprobó una ley que permite recalificar suelo rústico, calificada por ecologistas y la oposición de izquierda como el mayor atentado medioambiental en 50 años. Al mismo tiempo, rechazaron limitar la compra de vivienda por extranjeros y topar los alquileres. En materia medioambiental, tumbaron una propuesta de ley para impedir construir en zonas inundables, mientras el Govern de Prohens ya había abierto a la edificación más de 52.000 hectáreas de suelo rústico protegido. La relación entre socios, además, ha sido convulsa: Vox bloqueó los presupuestos, dejando al Govern sin capacidad de maniobra. La gobernabilidad de las Islas ha quedado hipotecada.

Cuarto, Gobernar es elegir. El Govern PP-Vox ha elegido: favorecer a promotores y grandes propietarios antes que garantizar el derecho a la vivienda; el turismo masivo sin límite antes que un modelo que proteja a los trabajadores; y ceder ante los chantajes de la ultraderecha antes que servir coherentemente a la ciudadanía. Las Islas Baleares merecen algo más.

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