Regularización de inmigrantes, un proceso necesario y mejorable

El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez se presenta como una de las medidas más ambiciosa en esta materia de las últimas décadas en España. En los seis procesos anteriores acometidos por gobiernos de todo color, consiguieron la nacionalidad 1,2 millones de personas, 40.000 de ellas en Balears. Se ha demostrado un factor clave de progreso al compensar el envejecimiento demográfico del país. Para este séptimo, se estima que el número de beneficiarios podría alcanzar el medio millón, de los que más de 10.000 corresponderían a las islas, sin que la Delegación del Gobierno haya logrado afinar más la cifra: «es una incógnita». El objetivo final es que personas que ya residen y trabajan aquí salgan de la economía sumergida y coticen, aportando recursos que ayuden a sostener el estado del bienestar. El alto nivel de consenso sobre la conveniencia de esta normalización reclamada por sectores productivos que precisan esa mano de obra, como la hostelería, la construcción, la agricultura o los cuidados, y demandada por organizaciones sociales que defienden el acceso de estas personas a derechos fundamentales, como la sanidad, contrasta con la bronca desatada en la esfera política. El hecho de que en esta ocasión se hayan endurecido los requisitos y se exijan cinco años de residencia previa y ausencia de antecedentes penales no ha aplacado las críticas de las derechas que auguran un coladero de malhechores y mayor saturación de los servicios públicos. «No todo el que llega es un delincuente, ni tampoco un ser de luz», en palabras de Marga Prohens, menos exigente con las credenciales de visitantes e inversores inmobiliarios por más que entre ellos también aniden agresores sexuales y estafadores. El Govern se ha sumado al frente judicial contra la regularización de las comunidades del PP, con la salvedad de Juanma Moreno. En plena campaña electoral, el andaluz marca distancias con los postulados más ultras de Vox, como en su día hizo María Guardiola en Extremadura, para acabar incorporándolos a su Ejecutivo.

La puesta en marcha del proceso ha evidenciado importantes problemas logísticos por carencia de recursos y falta de cooperación institucional. En muchos pueblos las oficinas se vieron desbordadas por el aluvión de consultas, especialmente por el informe de vulnerabilidad exigido en algunos supuestos y causa de gran confusión. En Palma, se formaron inmensas colas, con gente durmiendo al raso para conseguir una cita. A la falta de apoyo del Gobierno central para resolver cargas que recaen en otras administraciones, se sumó el bloqueo intencionado de algunos enclaves. Según los trabajadores de los servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma se dieron «instrucciones políticas» para eliminar el dispositivo que había organizado el equipo directivo de la Oficina de Atención Ciudadana a fin de evitar el colapso que se acabó produciendo. Los ciudadanos, y especialmente los más vulnerables, no pueden ser rehenes del rifirrafe político. El Gobierno de Zapatero regularizó a 570.000 personas en tres meses. En esta ocasión, se espera un volumen algo menor, pero el plazo se reduce a dos meses y medio y contempla exigencias más complejas. Los responsables políticos deberían tomar nota del ejemplo de esos trabajadores públicos de Palma previsores y de las organizaciones sociales que se han volcado para que esas personas que ya viven y trabajan con nosotros sean ciudadanos plenos, con derechos y obligaciones.