Apartheid judicial o la continuación del genocidio por otros medios

A la tercera (lectura) fue la vencida: el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, celebró junto a otros con champán la aprobación por el Knesset de la pena de muerte «sólo para los palestinos».

El ministro ultra y muchos otros políticos llevaban en la solapa una horca dorada en miniatura con lo que querían simbolizar el instrumento con el que se aplicará la pena capital a los palestinos acusados en tribunales sólo militares por terrorismo.

Los colonos israelíes, que matan a palestinos todos los días, y que serán juzgado por tribunales civiles no sufrirán ese castigo, por lo que podemos hablar de apartheid judicial o, parafraseando lo que dijo de la guerra Carl von Clausewitz, la continuación del genocidio por otros medios por parte de un Estado abiertamente supremacista.

El propio Ben-Gvir tiene un largo historial de activismo antipalestino y ha sido condenado en varias ocasiones en Israel de posesión de propaganda terrorista y apoyo a organizaciones terroristas, pero nada de eso parece importar ya en ese país que se considera por encima de la ley de los «goyem».

La ejecución por ahorcamiento, aunque no se excluyen otros métodos, se llevará a cabo en un plazo máximo de noventa días, y el condenado estará mientras tanto en prisión solitaria sin que se le permita recibir visitas. La crueldad de ese Estado sionista cuando se trata de la población árabe clama al cielo.

La ley recién aprobada en el Parlamento se limita en cualquier caso a legalizar una situación de hecho: según la organización israelí de derechos humanos B’T Selem, pues aún queda alguna de ese tipo en Israel, desde octubre de 2023, al menos 84 palestinos han muerto en prisión, víctimas de las torturas sistemáticas a las que fueron sometidos.

En el caso de los colonos judíos, muchos de ellos llegados de Estados Unidos, Rusia, Francia y otros países, no se conoce una sola condena por los tribunales israelíes en los últimos cinco años aunque al menos 1.100 civiles han sido asesinados bien por los colonos, bien por militares del Ejército sionista.

Por el contrario, un 96% de los palestinos obligados a comparecer ante los tribunales israelíes fueron condenados, aunque en la mayoría de los casos, las condenas resultaron de confesiones obtenidas bajo presión o mediante torturas.

Según la Autoridad Nacional Palestina, con esa nueva ley, el Gobierno israelí trata de legitimar los asesinatos extrajudiciales, que son su especialidad, dándoles una falsa apariencia de legalidad.

Su aprobación supone al mismo tiempo una nueva violación de la legalidad internacional porque se aplica también a un territorio ocupado como es Cisjordania, y el Parlamento de Jerusalén no está autorizado a legislar sobre los palestinos que viven en él.

La Asociación de Derechos civiles de Israel se ha agarrado precisamente a ese argumento para presentar ante el Tribunal Supremo del país un recurso que seguramente no prosperará.

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