Seguridad para los menores, confianza para las familias: el compromiso firme del PP Balears

La protección de los menores no es solo una obligación legal, sino un termómetro de la calidad democrática de una sociedad. Así lo establecen la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por España, pero también lo exige el sentido común: garantizar la integridad física y psicológica de niños y adolescentes debe ser una prioridad incuestionable.

En los últimos años, se han dado pasos importantes hacia un modelo más completo de prevención, detección y reparación del daño. Sin embargo, estos avances no bastan mientras sigan existiendo fisuras en el sistema. Porque, cuando se trata de la infancia, la reacción nunca puede llegar tarde: la clave está en anticiparse.

Cada día, miles de familias realizan un acto de confianza silencioso. Dejan a sus hijos en la escuela, en actividades extraescolares, en entrenamientos o en escuelas de verano. Confían en que esos espacios son seguros y en que quienes están al frente no solo son profesionales, sino también personas íntegras. Esa confianza debe convertirse en una garantía real.

En este contexto, es justo reconocer la iniciativa del Partido Popular y la actuación del Govern de Marga Prohens, junto al conseller de Educación, Toni Vera. Ante situaciones especialmente sensibles, como casos de docentes con condenas que no han conllevado inhabilitación, han actuado con todas las herramientas legales a su alcance. Han trasladado su preocupación a las instancias competentes, han impulsado medidas preventivas en los centros y han intentado, dentro del marco jurídico vigente, reforzar la protección de los menores.

Pero la realidad ha evidenciado un límite claro: la ley actual no permite ir más allá. Y cuando la ley no da respuesta a una necesidad evidente, lo responsable es cambiarla.

De ahí la importancia de la propuesta para modificar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). El objetivo es claro: ampliar las causas de inhabilitación para todas aquellas personas que desarrollen actividades con contacto habitual con menores, incorporando conductas que, sin ser estrictamente de carácter sexual, resultan incompatibles con la función educativa o de cuidado.

No se trata de reaccionar a un caso concreto, sino de aplicar un principio básico de prudencia: si existe un riesgo, debe evitarse. Se trata de cerrar grietas, reforzar la prevención y garantizar entornos plenamente seguros.

Esta exigencia, además, dignifica la labor de la inmensa mayoría de profesionales que trabajan con menores y que ejercen su vocación con responsabilidad ejemplar. Un sistema más exigente no les cuestiona, sino que les protege y refuerza la confianza que la sociedad deposita en ellos.

Ahora, tras la admisión a trámite de la iniciativa, se abre una oportunidad clave. Sería deseable que esta modificación contara con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas y que, posteriormente, llegue al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Porque la protección de la infancia debe estar por encima de cualquier diferencia.

Dar este paso supondría un avance decisivo. No solo en términos legales, sino también en tranquilidad para las familias, que necesitan certezas cuando dejan a sus hijos en manos de terceros.

Una vez más, esta iniciativa refleja el compromiso de la presidenta Marga Prohens y del Partido Popular con las familias: escuchar sus preocupaciones, comprenderlas y actuar con determinación para dar respuesta a problemas reales.

La familia en el centro, como marcaba el programa de gobierno de la presidenta Prohens, se demuestra también así: actuando para garantizar la seguridad de los menores de nuestra comunidad.