Premio a la incompetencia

Imaginemos por un momento que el ayuntamiento de Palma y el Consell Insular de Mallorca no hubieran afrontado en los años ochenta el problema del tratamiento de los residuos sólidos en Mallorca. El ayuntamiento, preparando las instalaciones de incineración, la producción de energía eléctrica en colaboración de Gesa, la impermeabilización del vertedero para proteger el acuífero; el Consell, organizando el sistema de recogida en pueblos, y la planta de compostaje instalada en terrenos de son Reus, propiedad del ayuntamiento. Las consecuencias habrían sido muy dañinas para la isla. Los ciudadanos habrían considerado de forma muy negativa la gestión política en ambas instituciones, a las que se habría responsabilizado de inacción criminal ante un deterioro ambiental con efectos deletéreos sobre la vida de los ciudadanos, la economía y la imagen de la isla. Pues bien, en parecida situación ambiental se encuentran ahora las islas de Ibiza y Formentera en las que sus instituciones han sido incapaces de resolver una situación que va a ser de emergencia. ¿Por qué no han sido capaces? Nada tiene que ver Mallorca en tan deplorable gestión. Es porque todas las administraciones de aquellas islas, gobernadas mayoritariamente por el PP, han sido manifiestamente irresponsables e incompetentes. Y ahora, cuando los plazos para sellar de forma definitiva el vertedero de Ca na Putxa se agotan, el Govern del PP se apresta a solucionar la incompetencia ibicenca imponiendo a los mallorquines el trágala de resolver un problema ajeno.

El Govern del PP, acompañado de Vox, ha tomado la decisión de importar las basuras de Ibiza y Formentera con discreción, casi con pudor, como si Prohens confiara en que pasara casi desapercibida, que no haga ruido, que ya olerá después: convertir a Mallorca de forma perversa en una especie de hospital para residuos ajenos, cuyos responsables no han sabido, o no han querido resolver. Eso sí, financiado con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), creado para otros fines muy diferentes a suplantar las obligaciones de gestión ordinarias de las instituciones fijadas por las leyes, atajos logísticos o carencias estructurales. El relato con el que Prohens cubre la decisión está trufado de grandes palabras: eficiencia, optimización de recursos y, ay, una sacrosanta solidaridad interinsular. Palabras hermosas que sirven para ocultar la realidad de lo que significan especialmente para Mallorca: más tráfico marítimo, más presión sobre infraestructuras ya muy tensadas, y, sobre todo, que con los recursos de todos se quiere disfrazar y premiar la incompetencia de unos gestores políticos incapaces, con una generosidad que no es tal, sino interés político, hipocresía disfrazada de solidaridad, sólo destinada a salvar el culo a unos conmilitones del PP en apuros, imprescindibles para que Prohens siga en el poder.

En toda historia humana se desempeñan los actores presentes en su desarrollo con desigual conducta y dignidad. Los hay valientes y decentes y también cobardes e indecentes. Los hay que anteponen el bien de la comunidad a sus intereses personales y políticos y aquellos que priorizan ambos frente a los de la comunidad. En la historia que nos ocupa, aquellos más concernidos por su responsabilidad institucional son Llorenç Galmés, presidente del CIM, y Jaime Martínez, alcalde de Palma. No han dicho ni mu. Si quien calla otorga, se muestran sumisos, obedientes y cobardes a las decisiones del Govern de Prohens, por mucho que se perjudiquen de forma diáfana los intereses de Mallorca y de Palma con este proyecto estrambótico e insostenible. De momento, de forma curiosa, sólo un partido, de obediencia exclusivamente mallorquina, se ha pronunciado sobre este proyecto, Més per Mallorca, que ha denunciado la opacidad del proyecto y la sumisión institucional del CIM, afirmando que Mallorca no puede asumir los errores de planificación de otras instituciones: Llorenç Galmés no pinta nada. Catalina Perelló denuncia que «el Govern decide, después lo hace el de Ibiza y Mallorca baja la cabeza». El PSOE, más discreto, no fuera a sufrir en Ibiza el señalamiento del PP, presenta una propuesta para modificar la ley de proyectos estratégicos para impedir que el traslado se financie con el ITS, pero no ha manifestado aún oposición alguna al proyecto.

Lo que esta pasando tiene algo que ver con la institucionalidad de Balears y la ley electoral vigente, que prefiguran un Parlament en el que tanto Ibiza y Formentera como Menorca gozan de una representatividad superior a Mallorca en relación al colegio electoral de cada isla. Es decir, el voto de un mallorquín está infrarrepresentado respecto al de un menorquín o un ibicenco, entre cuatro y seis veces, con lo que tanto los diputados de Menorca como los de Ibiza suelen ser decisivos para conformar el Govern. El PP gobierna, además de por el voto de Vox, por los votos del PP en Ibiza, que son decisivos siempre, mientras que en Menorca la izquierda obtiene mejores resultados. Muestra de ello es la vicepresidencia para Antonio Costa, dirigente del PP de Ibiza, conocido por su falta de escrúpulos; no se sabe exactamente si es la mano derecha de Prohens o el hombre de confianza de Feijóo para gestionar Balears; lo seguro es que es el hombre fuerte del Govern y, como tal, es el primer interesado en que el Govern resuelva el desaguisado ambiental de Ibiza, seguramente el que ha impuesto esta solución al conjunto del PP de Balears. Este partido necesita contar con los votos del PP de Ibiza, que pueden quedar afectados en próximas elecciones por el desastre de su incompetencia para resolver el tratamiento de residuos en la isla. Hace unos veinte años el escándalo del caso de corrupción de Can Domenge en el CIM, protagonizado por Munar y UM, fue posible por el silencio del PSOE, que situaba a Antich en el Govern con el voto de UM y el del PP, que no quería enfadar a un futuro socio. Salvando las diferencias entre uno y otro caso, el presente escándalo de las basuras de Ibiza sólo es posible con el vergonzoso silencio del PP en el CIM y en el ayuntamiento de Palma, que sólo puede ser explicado como la inevitable contribución a los intereses de una casta política depredadora que sólo mira por eternizarse en el poder.

Suscríbete para seguir leyendo