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Opinión | Tribuna

AGAMA. Lo que ha hecho el Govern

La realidad final es conocida: sin suficiente leche, sin estructura ganadera y con una estrategia empresarial que se fue alejando del crecimiento de la planta, la viabilidad era imposible

Continúan las reacciones al cierre de AGAMA. Diario de Mallorca publicó hace días que el 84% de los participantes en una encuesta consideraba que el Govern debía haberse implicado más. ¿De qué Govern estamos hablando? Yo soy el mismo director general con dos gobiernos distintos y siempre hemos trabajado con los mismos criterios y con plena conciencia de la situación real de AGAMA. Por eso creo que vale la pena aportar datos y contexto sobre lo que se ha hecho y lo que ha pasado en estos años.

El Grupo Damm asumió AGAMA con un problema estructural de calado. La planta estaba dimensionada para procesar con eficiencia entre 13 y 15 millones de litros de leche, pero nunca se alcanzaron esos niveles. En 2017 procesaba 7,67 millones y en 2025 apenas 5,57. Esta falta de base productiva condicionó siempre su viabilidad.

Desde mi llegada a la Conselleria, establecimos una relación directa y constante con la empresa. Una interlocución que en muchas ocasiones fue de cooperación, pero en la que también hubo discusiones y debates exigentes. El año 2019 cerró con una senda esperanzadora de 9,53 millones de litros de leche procesados. La llegada del covid en 2020 fue un momento crítico que supimos superar. Con el 60 % de las ventas en el canal HORECA, algo inusual para una central lechera, el desplome del consumo obligaba a actuar. Lo hicimos a través de dos medidas: la compra pública de excedentes de leche destinados a entidades sociales, mediante la cual canalizamos más de 430.000 litros, y una ayuda para comercializar leche o cuajada fuera de Mallorca, con la condición de que la empresa no podía ni reducir la recogida de leche ni bajar el precio a los ganaderos.

También impulsamos medidas estructurales. Antes del covid se apoyó la modernización de la planta con una subvención de 1,13 millones de euros respecto a una inversión que superó los 4,5 millones. Los retrasos en esta inversión no se debieron a la empresa, sino a las numerosas dificultades en la tramitación de licencias y permisos. En pleno covid facilitamos la certificación de bienestar animal para todos los ganaderos de AGAMA, imprescindible para acceder a nuevos mercados. También promovimos su acceso al programa de leche escolar, con un claro objetivo reputacional. Sin embargo, de las cuatro convocatorias publicadas desde el año 2022, la empresa solo se presentó a una y finalmente la perdió al no cumplir con las obligaciones exigidas.

En esta interlocución siempre trasladé a la empresa, con contundencia, mis preocupaciones por decisiones que consideraba difíciles de entender. Me refiero, por ejemplo, a las diferencias de más de 0,40 €/l en el precio de venta al público entre unos comercios y otros, o a la falta de coherencia entre la promoción y los problemas recurrentes de suministro a cada vez más clientes. Son cuestiones que, en mi opinión, no ayudaban a generar confianza en el consumidor ni a consolidar una marca. A pesar de toda esta incertidumbre, también es cierto que durante todos estos años AGAMA fue la industria que mejor pagó la leche en Balears a los ganaderos. En 2025, AGAMA pagó el litro de leche a 0,518€ a los ganaderos, frente a los 0,464 €/l de media en Balears.

En 2021, el Grupo Damm pasó a controlar el 100 % del capital de Cacaolat, pero la coordinación de la división láctea pasó a ejercerse desde esta segunda empresa. En 2024, el grupo Idilia Foods (fabricante de Cola Cao) adquirió el 50 % de Cacaolat, pasando a constituir el principal grupo de batidos lácteos de España. Percibí un cambio de rumbo en la estrategia empresarial. Las decisiones se alejaron y en las reuniones aparecieron interlocutores con los que resultaba más difícil entenderse. De hablar de crecer y captar más producción, se pasó a una lógica de ajuste.

Desde la Conselleria quisimos reforzar la organización de los productores. Impulsamos la creación de una cooperativa de ganaderos de leche, que debería haber servido para centralizar las compras de insumos y abaratar costes de producción, y una organización de productores lácteos a través de la cual negociar de forma conjunta los contratos y mejorar sus condiciones. Ambas se crearon, pero no llegaron a funcionar por falta de implicación del propio sector. Sin duda, se perdió una oportunidad importante porque, justo en 2023, AGAMA planteó una renovación de los contratos lácteos que incluía la reducción de entregas en un 15 %, con penalizaciones. A pesar de mis insistentes consejos a los ganaderos para que no firmaran, finalmente lo hicieron, abriendo la puerta a una reducción progresiva de la producción que fue determinante. Desde la Conselleria no aflojamos e intensificamos los controles sobre los contratos lácteos, lo que derivó en una sanción a la empresa en 2024.

Hemos seguido buscando soluciones hasta el final: negociando un buen contrato de cesión de la industria, incluyendo la entrada de un inversor privado y con participación pública, siempre condicionada a una implicación real de los ganaderos. La realidad final es conocida: sin suficiente leche, sin estructura ganadera y con una estrategia empresarial que se fue alejando del crecimiento de la planta, la viabilidad era imposible. La Administración no puede sustituir al tejido productivo ni asumir en solitario riesgos empresariales. Hemos estado, hemos actuado y hemos propuesto soluciones. El futuro del sector lácteo en Mallorca exigirá nuevas estrategias, y de nuevo volveremos a estar.

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