Opinión | Al azar
Armengol declarará con mascarilla

La presidenta del Congreso, Francina Armengol. / Eduardo Parra - Europa Press
Cuesta encontrar algo más clasista que el aforamiento o Justicia VIP para políticos intocables, véanse las dificultades insalvables para imputar a Carlos Mazón. Sin embargo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha armado de exenciones aristocráticas a Francina Armengol y a Ángel Víctor Torres. Ambos exigen declarar ante el Supremo con mascarilla, en el proceso por el escándalo que propiciaron y pagaron. Enviarán un texto escrito y gracias, ni los virreyes. La presidenta del Congreso se manifestará como si fuera ajena a la compra de cuatro millones de euros en material fraudulento, que no reclamó. Puede embozarse tras una de las mascarillas que nunca han sido ni desembaladas.
El jubilado Aznar tuvo que declarar ante la Audiencia Nacional por videoconferencia, aunque se camufló tras otra cobarde mascarilla. Rajoy era presidente del Gobierno cuando testificó desde un pupitre incómodo, en el escándalo que le costó el cargo. Armengol ni siquiera se somete a una transfusión de plasma electrónico, una actitud sin duda ejemplar para el izquierdismo. Con su privilegio ancien régime, le concede a la estafa a sus gobernados una trascendencia menor que a un hermanamiento del Congreso con Uzbekistán.
La cobardía de la presidenta del Congreso refuerza sus vínculos con Ábalos, Koldo y Aldama, documentados en comunicaciones afectuosas que incluyen la denominación de «cariño». Si hubiera rechazado las mascarillas al igual que hicieron distinguidas autonomías socialistas, Armengol no se vería involucrada. El sarcasmo se ahonda al recordar que la entonces presidenta de Balears encabezó la retirada del aforamiento a sus diputados regionales, bien que a la fuerza. Ahora, incumple la obligación elemental de colaborar con la justicia, refugiándose en su despacho. Remata así con coherencia la burla de las fórmulas de contratación llevadas a cabo por su Govern, mientras seguramente auspicia desde el legislativo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que exima de testificar a los altos cargos. Como en Irán.
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