Fue Cort quien abrió los muros de la vieja cárcel

Toda la gestión municipal de la antigua cárcel de Palma ha estado marcada desde el principio por la improvisación y el desinterés, desde que Instituciones Penitenciarias transfirió en 2013 el viejo edificio al Ayuntamiento de Palma.

Cort asumió en ese momento la propiedad y la gestión de un inmueble que fue inaugurado en 1954 como centro penitenciario y clausurado en 1999, que podía estar en muy mal estado y amenazar ruina en alguna de las partes de su estructura radial, tan característica de las cárceles franquistas, pero que a la vez era todo lo inaccesible que podía ser una prisión. Y entonces decidió abrir una gran puerta en uno de sus muros , el de la calle Leocadia de Togores. Y hacerlo para que se convirtiera en el acceso de un centro de creación cultural que nunca llegó a ser. Pero aquella ocurrencia, el olvido municipal posterior y la emergencia habitacional creciente en Palma hicieron el resto: convertir lo que todavía era una fortaleza en un colador.

Poco a poco la vieja cárcel se fue convirtiendo en el último refugio de excluidos, de personas sin techo, de trabajadores cuyo sueldo no les alcanza para alquilar una vivienda o una habitación. Era el año 2021. Ya se había descartado también el proyecto de construir una residencia universitaria en el antiguo centro penitenciario. Y Cort no le prestaba la más mínima atención al inmueble, que ya estaba lleno de basura, con frecuencia sufría pequeños incendios y cuyos nuevos inquilinos ocupaban hasta las antiguas torres de vigilancia para disfrutar de un poco más de seguridad. Aquella ocupación se fue haciendo más numerosa y creando problemas de seguridad en el vecindario y la escuela. Los vecinos se unieron, expresaron sus quejas y reclamaron una solución. Y Cort, esta vez sí, al verse señalado por su inacción, prestó atención a lo que ocurría. Y anunció un desalojo antes de trazar plan alguno para encontrar una solución a los sin techo, aunque fuera temporal, como si el problema no fuera suyo. La mayoría de entidades sociales denunciaron la irresponsabilidad. No se puede negar de una forma tan descarada la más mínima comprensión a los excluidos y desatender sus circunstancias, señalándolos, además, como delincuentes. Es ir demasiado lejos, olvidar el carácter social de nuestro sistema democrático. Y, sobre todo, el principio de que la libertad y la igualdad no son reales si una persona no tiene cubiertas sus necesidades básicas.

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