Educar en la impunidad: violaciones, aulas y silencio

En Valencia, tres menores arrastraron a una compañera de instituto a un baño y la violaron. Grabaron la agresión y la difundieron. La víctima, de trece años, ha cambiado de centro educativo. Ellos han vuelto al aula. El contraste no es un detalle administrativo: es una lección social impartida ante toda la comunidad escolar. Cuando una niña es violada, es ella quien desaparece para que la normalidad continúe.

La violencia sexual no termina con la agresión. Continúa en lo que viene después: en el silencio impuesto, en la vergüenza interiorizada, en la ruptura de la vida cotidiana. En el ámbito educativo, además, tiene un efecto pedagógico devastador. El grupo aprende rápido. Las niñas aprenden qué ocurre si denuncian. Los niños aprenden hasta dónde pueden llegar. Si la institución acepta como solución desplazar a la víctima y reintegrar a los agresores, el mensaje es inequívoco: la protección de la menor es secundaria frente a la comodidad del sistema.

Este patrón no es ajeno a nuestra isla. En Palma, un hombre de 26 años violó a una niña mallorquina de catorce. El juicio se ha resuelto recientemente sin entrada en prisión: la condena se ha traducido en trabajos para la comunidad. El efecto simbólico es demoledor. Cuando la respuesta penal a la violación de una menor no conlleva cárcel, la sociedad aprende que la violencia sexual puede salir barata.

Los datos confirman que no hablamos de hechos aislados. En España se registraron en 2025 más de 21.000 delitos contra la libertad sexual y más de 5.300 agresiones sexuales con penetración. En la Unión Europea, las violaciones registradas por la policía han aumentado un 141% desde 2013. Y en comunidades con policía propia, como Cataluña, las agresiones sexuales con penetración crecieron un 22% en la primera mitad de 2025, mientras otros delitos descendían. Cuando las cifras se disparan así, el problema no es solo penal: es social, educativo y estructural.

A este contexto se suma una gestión política que ha incrementado la sensación de desprotección. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del «solo sí es sí», permitió por una deficiente técnica legislativa la revisión a la baja de condenas ya firmes. Los tribunales han acordado al menos 1.233 reducciones de pena y 126 excarcelaciones de agresores sexuales. El mensaje que reciben las víctimas es difícil de ignorar: incluso después de una condena, su seguridad puede quedar en segundo plano.

Y hay una cuestión que se evita sistemáticamente: la ausencia de salvaguardas claras cuando hombres que han agredido sexualmente a mujeres acceden a espacios reservados a mujeres tras autoidentificarse como tales. En contextos de encierro, donde no existe posibilidad de huida, el criterio no puede ser la identidad declarada, sino el riesgo objetivo. Priorizar símbolos sobre seguridad no es inclusión; es una negligencia institucional.

Todo esto forma parte del mismo engranaje. Un engranaje que desplaza a las víctimas, minimiza las consecuencias para los agresores y educa en la idea de que la violencia sexual es un daño asumible. Mientras las aulas, los tribunales y las instituciones sigan transmitiendo ese aprendizaje, seguiremos llamando «casos» a lo que en realidad es una pedagogía de la impunidad.