Ciencia, democracia y la deliberada erosión de la legalidad internacional

El deterioro deliberado de las reglas internacionales amenaza la cooperación global y también debilita el espacio donde la ciencia puede orientar decisiones en beneficio del conjunto de la sociedad.

Sabemos que, cuando las decisiones públicas se apoyan en la evidencia científica, los resultados son tangibles: más seguridad y salud, mayor confianza social y reglas más estables para la economía. La política alimentaria de la Unión Europea (UE) es un buen ejemplo. Durante las últimas décadas, se ha construido sobre fundamentos científicos orientados a garantizar la seguridad de los alimentos, la protección de la salud y la transparencia en toda la cadena alimentaria. Este modelo se articula en torno a un sistema de análisis de riesgos y beneficios cuyo pilar es la evaluación científica independiente y continuada. Sobre esa base se adoptan las decisiones de gestión por la Comisión Europea (CE) y los Estados, que ponderan también factores sociales, económicos o políticos, con la garantía de máxima transparencia en todo el sistema, de modo que los ciudadanos pueden apreciar la prevalencia de la razón frente a la arbitrariedad.

Este enfoque, surgido tras las crisis alimentarias de finales del siglo pasado, ha contribuido decisivamente a consolidar los estándares internacionales hoy muy respetados, pero trasladarlo al funcionamiento de la gobernanza internacional está resultando muy difícil. Organismos como la OMS o el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático generan conocimiento valioso, pero carecen de mecanismos para garantizar su cumplimiento. En la UE, en cambio, instituciones comunes, legislación compartida y el Tribunal de Justicia permiten aplicar normas basadas en la evidencia en los 27 países. Una estructura que también se ve amenazada.

En suma, no disponemos, ni se prevé, de ninguna autoridad científica global con capacidad vinculante, asociada a los principios y derechos universales que la humanidad articuló en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial: dignidad, igualdad, libertad, justicia, paz, solidaridad, respeto, tolerancia y responsabilidad social. Hoy, aquella reflexión aparece olvidada, insuficientemente cultivada, dejando espacio al nuevo embate de las élites financieras, vehiculizadas en Trump, con la fuerza como única razón.

El problema actual no es solo institucional. Sobre todo, es político. Cuando quienes poseen la fuerza debilitan deliberadamente la legitimidad de las instituciones e incumplen las reglas comunes sin ofrecer alternativas viables y justificables democráticamente, lo que se erosiona no es solo el derecho internacional, sino la forma de hacer política, la posibilidad misma de construir decisiones colectivas basadas en el conocimiento. Se diría que solo queda espacio para la imposición de la fuerza. Dinámicas similares se perciben también en España, donde la deslegitimación institucional y la difusión sistemática de bulos deterioran la calidad del debate público.

En este contexto es significativo que, desde posiciones políticas muy distintas dentro del espacio europeo, se subraye la necesidad de preservar el respeto a la legitimidad internacional. Destaca la coincidencia entre el presidente español, Pedro Sánchez, con su «no a la guerra», y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, menos visible, pero adoptando decisiones equivalentes. Las discrepancias emergen en otro nivel: entre António Costa, presidente del Consejo Europeo, elegido por los dirigentes de los estados miembros, defensor de la legitimidad, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elegida por el Parlamento Europeo, quien compareció resignada, presuntamente más condicionada por las élites financieras que usan la guerra, con su testaferro Donald Trump, que por la defensa de los derechos humanos en Irán.

Lo que está en juego es más que el desenlace de un conflicto concreto. Es la vigencia de las reglas que han sostenido durante décadas el orden internacional. Al mismo tiempo, se ataca al proyecto europeo. Si esas reglas se erosionan, la fuerza sustituye al derecho y al conocimiento, el espacio donde la ciencia puede orientar las decisiones colectivas. Hoy, quienes controlan el uso de la fuerza pretenden imponerla, sin la moderación del derecho internacional. Pero en la tradición europea de gobernanza basada en reglas y evidencia no encaja resignarse a ello.