Cuando pedir medio pollo revela un conflicto sistémico

Una mujer entra en un establecimiento y pide medio pollo en catalán. El dependiente le responde que no la entiende y le exige cambiar al castellano. Ella no lo hace. No hay venta. Hay denuncia. Y titulares. Y el relato habitual: «quería que la atendieran en catalán».

No. Quería no dejar de ser atendida por hablar una lengua oficial en su territorio.

El episodio no es anecdótico. Es la expresión cotidiana de un conflicto que el sistema no ha querido resolver desde el principio constitucional de igualdad. Porque la igualdad no consiste en aplicar la misma regla a situaciones desiguales, sino en corregir desequilibrios. Cuando una lengua parte de una posición de dominio social e institucional y la otra de minoración, invocar una supuesta neutralidad no produce igualdad: consolida la ventaja existente.

No estamos ante un problema de educación ni de temperamento. Es una disfunción institucional.

En España, la interpretación de la cooficialidad ha generado una asimetría profunda. Formalmente, el catalán es lengua oficial en su territorio. Pero el castellano es lengua oficial del Estado y de conocimiento obligatorio. Y ese deber general se ha convertido, en la práctica, en un derecho a imponer su uso.

El resultado es un privilegio sistémico: una lengua puede invocarse como blindaje personal; la otra, no.

En el derecho comparado democrático, la oficialidad no opera como estatuto personal de unos ciudadanos frente a otros. Regula la relación entre el individuo y las instituciones; no crea jerarquías entre hablantes. Cuando la interpretación jurídica convierte una lengua en blindaje para unos y en carga para otros, el sistema deja de organizar la convivencia y empieza a tensionarla.

El desequilibrio se extiende al mercado. Las normas exigen que la información esté «al menos en castellano». Esa fórmula convierte una lengua en obligatoria y deja las demás en el terreno de lo opcional. La cooficialidad se vuelve formal, no material.

El propio Código Civil establece que las normas deben interpretarse según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Y la realidad social de los territorios con dos lenguas oficiales es la coexistencia de comunidades en posición desigual. Ignorar ese contexto en la interpretación constitucional vacía de contenido el principio de igualdad.

La reciente resolución judicial que considera discriminatorio exigir catalán a determinados profesionales sanitarios añade un elemento revelador: no se considera discriminatorio que el catalán sea oficial para celadores, pero sí que pueda prescindirse de él cuando se trata de médicos. La lengua deja de ser un elemento común del servicio público y pasa a depender de la categoría profesional de quien lo presta. Lo que debería ser garantía para el ciudadano se convierte en variable según el rango.

Cambia el escenario —un mostrador, un hospital—, pero la lógica es la misma: la oficialidad se interpreta como ventaja para unos y como carga para otros.

El debate no es sobre medio pollo, celadores y privilegiados. Es si queremos que la cooficialidad sea real o retórica. Porque cuando una lengua oficial no puede vivirse con normalidad, el problema deja de ser lingüístico. Es democrático.