Ciudadanía en B

La regularización propuesta por el Gobierno no tiene que asustar a nadie; más bien, lo contrario. Se trata de poder dar una documentación para que las personas migrantes que ya viven, trabajan, pagan alquiler (muchos solo pueden hacerlo de habitaciones), van al médico o acuden a cursos de integración, puedan vivir con un mínimo de dignidad y, por ejemplo, cotizar por el trabajo que hacen y pagar sus impuestos. Los que critican esta medida viven fuera de la realidad de nuestras islas, en sus burbujas de privilegios, sin darse cuenta de que la población migrante es la que sostiene una parte muy importante de un sistema del que ellos son los máximos privilegiados.

La economía sumergida en las islas en 2025 se disparó hasta el 25% del PIB, según la fundación Impulsa Balears. Un dato que debería hacernos reflexionar sobre por qué la derecha de las islas, esto es PP y VOX, no pone el foco en hacer aflorar ese circuito paralelo de dinero en B y relaciones laborales fraudulentas y sí en criminalizar a las personas que son explotadas mediante ellas.

Muchas personas que ahora no pueden tener permiso de residencia son las mujeres que trabajan 24 horas cuidando a nuestros mayores para que puedan seguir viviendo en sus hogares, los trabajadores y trabajadoras de la construcción y de la hostelería que por falta de derechos se ven obligados a hacer jornadas de trabajo eternas sin un mínimo de condiciones laborales dignas, multitud de trabajadoras del «servicio doméstico» de la clase alta o trabajadores agrícolas con salarios ridículos que recogen el fruto de nuestro querido «Producte Local».

Escuchamos al señor Antoni Costa, del Partido Popular, decir que la regularización es un regalo para los inmigrantes y que deben aprender catalán para integrarse. Hay que decirles a los que siembran odio que no se trata de regalar nada a nadie, sino de construir una sociedad igualitaria en la que, tanto migrantes como residentes, tengamos todos una mínima dignidad humana y los mismos derechos. Además, el Partido Popular con este tema se ha convertido sorpresivamente en un gran defensor del catalán y lo pone como requisito para conseguir un número de identificación de extranjero (NIE).

Espero que sean tan exigentes en todos los ámbitos y con todas las personas migrantes, sin importar su origen ni capacidad económica. No sea que caigan en pedir altas exigencias para los de abajo y bajas exigencias para los de arriba, como esos extranjeros que, sin saber ni papa de catalán ni tampoco de castellano, están comprando las islas parcela a parcela y provocando que la vivienda se convierta en un producto de lujo para los de aquí.

Ese discurso no solo es racista y xenófobo, sino sobre todo clasista, favoreciendo el odio hacia nuestros vecinos y vecinas o las familias con las que nuestras hijas juegan en el patio del colegio.

La mayoría social solo queremos vivir en unas islas donde todas las personas tengamos unos mínimos derechos humanos, poder contribuir a la sociedad para tener unos servicios públicos dignos y cotizar por nuestro trabajo; no queremos que nadie tenga que vivir en la clandestinidad, sin derechos de ciudadanía ni laborales por no tener ni siquiera un número de identificación, no queremos que nadie se quede atrás.

Les pedimos a nuestros dirigentes públicos que no caigan en esos peligrosos discursos por un puñado de votos. No rompamos el pacto social que nos está permitiendo alcanzar el más alto grado de bienestar social, generando las mismas posibilidades de prosperidad a todas las personas y sigamos avanzando en la convivencia y el respeto que merecemos todos los seres humanos.