El ‘Salvaje Oeste digital’ también se dirime en Consell

El anuncio de un paquete de medidas para poner coto al «Salvaje Oeste digital» de las grandes plataformas realizado esta semana por Pedro Sánchez en el foro de Dubái coincide en el tiempo con la polémica suscitada en Consell a raíz de la publicación de unas imágenes falsas generadas por Inteligencia Artificial. Un anónimo subió a un grupo local de Facebook, empleado por los vecinos para compartir inquietudes y necesidades, una fotografía de una nevera abandonada en mitad de una calle y otra de un joven orinando en un olivo del centro del pueblo, acompañada de comentarios con impacto en la convivencia y en la reputación institucional: «Esto es una vergüenza, se debería tomar medidas contra esta gente». Tras cerciorarse del engaño, la Policía Local emitió un comunicado advirtiendo de las posibles consecuencias legales de la manipulación, que llevó al desconocido autor a un borrado inmediato. Perseguir la adulteración de la realidad para alimentar de forma deliberada falsas percepciones y fomentar el descrédito en favor de intereses velados no responde a un acto de censura a libertad de expresión, como algunos planten ante este tipo de episodios que proliferan a escala global amplificados por el potencial de las nuevas tecnologías y bajo el amparo de grandes plataformas. La actuación de los agentes de Consell refuerza la democracia y garantiza un debate público plural, con amplios márgenes para la crítica y la diversidad de ideas, pero no para la trampa y la mentira.

Para frenar este tipo de malas prácticas en las plataformas, a las que Sánchez describe como «un Estado fallido donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos», el Gobierno plantea una estrategia con cinco medidas legislativas y regulatorias: desde tipificar como delito la manipulación de algoritmos en la búsqueda del beneficio a implementar un sistema de rastreo para trazar la huella de contenidos de odio, legislar para que los directivos de las plataformas digitales sean responsables legales de lo publicado o prohibir el acceso a las redes a los menores de 16 años para protegerlos del efecto que están sufriendo en su desarrollo emocional e intelectual y en su comportamiento. Esta última medida, sobre la que populares y socialistas se disputan la autoría y sobre la que ya se tramita un proyecto de Ley en el Congreso, se alinea con la que ya opera en Australia y con las que preparan países como Francia, Portugal, Reino Unido, Dinamarca, Grecia o Finlandia, y que también estudia la Comisión Europea. En términos generales, la propuesta ha sido bien acogida , aunque también «con cautela», tanto por el Govern balear y como por la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca (FAPA). Predomina la impresión de que se llega tarde y de que será difícil controlar técnicamente la verificación de edad, que de facto en España ya está fijada en 14 años sin que haya surtido apenas efecto. Pese a las dificultades y discrepancias sobre la edad o las fórmulas, la inmensa mayoría coincide en que algo hay que hacer. Tan importante como proteger a los menores ante contenidos y consumos inadecuados es formarlos para que sepan desenvolverse con criterio en el mundo digital que nos envuelve y puedan disfrutar así de todo su potencial positivo. Tan necesario como someter a la jungla digital al imperio de la ley que rige para el resto del universo es fijar mecanismos de control transparentes, consensuados y eficaces, ya que se trata de una materia extraordinariamente sensible para una democracia garantista en derechos.