40 años de España en la Unión Europea

España y Portugal se incorporaron a la Unión Europea en enero de 1986, lo que supuso la formación de la denominada Europa de los Doce, que incluía a casi todos los países de Europa occidental. Este acontecimiento marcó un hito en la historia reciente de España, ya que simbolizó la transformación y consolidación de sus instituciones democráticas.

En el momento de la adhesión, España se encontraba en una situación económica por debajo del resto de socios europeos. Ante esta realidad, y bajo el liderazgo de figuras europeas como el canciller Kohl, se creó un sistema de fondos destinados a equilibrar las diferencias y promover el desarrollo. Entre estos, los fondos de cohesión destacaron notablemente, permitiendo a España avanzar en su modernización.

Entre 1986 y 2013, España recibió 140.000 millones de euros en ayudas europeas, con una orientación clara hacia la inversión en infraestructuras productivas. El entonces presidente del Gobierno, Felipe González, jugó un papel fundamental en la obtención y enfoque de estos recursos, que fueron clave para la modernización del país.

El Tratado de Maastricht, firmado en 1993, establecía la creación de la moneda única europea, el euro, que entró en vigor en 2002. Para formar parte de la unión monetaria, era necesario cumplir cinco criterios, de los cuales tres eran fundamentales:

• Inflación: La tasa de inflación no debía superar en más de 1,5 puntos porcentuales la de los tres Estados miembros con mejor comportamiento.

• Déficit público: El déficit anual no podía superar el 3% del PIB.

• Deuda pública: La deuda total no podía superar el 60% del PIB.

Cuando José María Aznar llegó a la presidencia del Gobierno en 1996, España no cumplía ninguno de los tres requisitos citados para entrar en la unión monetaria, por lo que se consideraba muy difícil acceder al grupo de liderazgo monetario. El nuevo gobierno, logró cumplir todos los criterios en la fecha límite de enero de 1999, permitiendo, así, la entrada de España en la unión monetaria.

Actualmente, España solo cumple el primero de estos tres criterios.

Con la crisis financiera de 2012, nuestro país recibió ayudas europeas para el rescate de parte del sector bancario, en especial las cajas de ahorro, por valor de 35.000 millones de euros.

En el marco financiero actual (2021-2027), España tiene previsto recibir 35.562 millones de euros procedentes de diferentes fondos. A esto hay que sumar los fondos Next Generation, de los que ya se han recibido 57.000 millones de euros, con unos 47.000 millones adicionales pendientes de recibir este año.

Surge la duda sobre la eficiencia del uso de estos fondos tecnológicos, cuyo objetivo es transformar la economía y digitalizar las empresas. Existe preocupación porque el sector público, más que el privado, está siendo el principal destinatario de estos recursos, lo que podría limitar su impacto transformador y productivo a largo plazo en la economía real.

La ausencia de presupuestos en España dificulta el seguimiento del destino de estos fondos, lo que ha permitido al Gobierno destinarlos a los fines que ha considerado oportunos. Un ejemplo es el aumento del gasto en defensa hasta alcanzar el 2%, cuando se desconoce de dónde provienen estos incrementos.

Nuestra comunidad autónoma, debido a su mayor nivel de renta, no ha recibido históricamente tantas ayudas de los fondos de cohesión en comparación con otras regiones españolas. Sin embargo, en el periodo 2021-2027, Illes Balears tiene asignado 485 millones de euros del modelo de cohesión y más de 1.000 millones de euros de los fondos Next Generation.

El balance para nuestro país en la Unión Europea es, sin duda, positivo

Cabe destacar que, durante la crisis financiera de 2013, pertenecer al euro evitó que la economía española sufriera una crisis de deuda aún más grave, lo que podría haber supuesto una época muy negativa para el país.

No obstante, existen algunos puntos no tan positivos sobre la Unión Europea:

• El exceso de burocracia, que resta competitividad tanto a empresas como a ciudadanos, así como la existencia de demasiadas instituciones.

• El excesivo poder del Consejo Europeo (cumbres de los presidentes de los Estados), lo que reduce el papel de la Comisión Europea como autentico gobierno.

• La falta de una política exterior y de defensa común, lo que disminuye el peso de Europa en la geopolítica.