La presunción de inocencia y el poder de los intocables

La presunción de inocencia es uno de los pilares del Estado de derecho y una garantía esencial frente a los abusos del poder punitivo. Protege a cualquier persona de ser condenada sin pruebas suficientes y sin un procedimiento con todas las garantías. Pero presumir inocencia no equivale a declarar inocencia automática, ni mucho menos a deslegitimar una denuncia desde el primer momento. La verdadera justicia exige equilibrio: ni condenas anticipadas ni silencios cómplices. Exige valentía para investigar, escuchar y decidir con responsabilidad, sabiendo que la igualdad ante la ley solo es real cuando todas las personas pueden acceder a ella sin miedo. Defender la presunción de inocencia no debe convertirse en un escudo para invalidar la palabra de las víctimas, ni en una coartada para la pasividad institucional.

Confundir presunción de inocencia con inocencia automática genera un efecto profundamente injusto. Supone trasladar el peso de la prueba a la víctima a la que se le cuestionan sus tiempos, su coherencia emocional, su pasado, su vida privada, sus motivaciones. Se le exige un relato perfecto en contextos profundamente imperfectos: miedo, jerarquía, dependencia económica, presión social, trauma. Esta confusión refuerza la impunidad y desalienta la denuncia.

En los casos de acoso sexual la presunción de inocencia del denunciado se traduce socialmente en una presunción de sospecha sobre la víctima. Su relato se disecciona, se pone en duda, se examina con una lupa que rara vez se aplica a quien ostenta poder. Cuando afirmamos de manera inmediata y tajante que «hay que presumir la inocencia del denunciado», sin más matices, no estamos suspendiendo el juicio, estamos emitiendo otro. Uno que rara vez se nombra, pero que está implícito, si él es inocente desde el primer minuto, entonces quien denuncia está mintiendo. No hay un espacio neutral. No existe un vacío de sentido. La balanza no queda en reposo: se inclina y , casi siempre, se inclina contra las víctimas.

La pregunta clave es incómoda pero necesaria: ¿por qué la duda siempre cae sobre quien denuncia y no sobre quien es denunciado? ¿Por qué el escepticismo se disfraza de prudencia cuando se dirige a las víctimas, pero como linchamiento cuando se dirige al denunciado?

Especialmente grave es esta dinámica cuando las denuncias afectan a personas poderosas: figuras públicas, líderes políticos, directivos, artistas, personas mediáticas o simbólicas. En estos casos, el coste de denunciar se multiplica. La víctima no solo se enfrenta a un proceso legal o institucional, sino a un juicio público permanente, a la exposición mediática, a la desconfianza social y, en muchos casos, a campañas de descrédito. Denunciar deja de ser un derecho y se convierte en una prueba de resistencia. Denunciar no suele otorgar beneficios: trae aislamiento, pérdida de reputación, desgaste emocional y, a menudo, represalias. Si aun así muchas personas deciden hablar, no es por ligereza, sino porque el silencio se ha vuelto insoportable.

La justicia no se fortalece cuando se desacredita a quien denuncia, ni cuando se confunde la presunción de inocencia con un blindaje moral. Se fortalece cuando es capaz de sostener dos verdades al mismo tiempo: que ninguna persona debe ser condenada sin pruebas, y que ninguna debería ser tratada como mentirosa por atreverse a denunciar.

Quizá el verdadero reto no sea proteger una presunción de inocencia que ya está sólidamente garantizada sino extender la legitimidad a las víctimas sin cuestionar de una manera taxativa su veracidad hasta que los hechos sean investigados. Porque una sociedad que desconfía sistemáticamente de quienes denuncian la violencia sexual no es una sociedad garantista: es una sociedad que elige la comodidad del silencio frente a la responsabilidad de la justicia.