Crece la economía

El malestar político hacia el gobierno crece al mismo tiempo que la economía española, batiéndose récords históricos en las cifras de empleo. Conviven a la vez sentimientos contrapuestos: por un lado, la percepción de que en España nada funciona bien y, por otro, los datos de una expansión continuada a la que se debe buena parte del empleo creado en la Unión. España no siempre es el campeón europeo del paro juvenil, ni tampoco se ha disparado –como tantas veces se repite– el tanto por ciento de funcionarios frente al número de empleados del sector privado. La economía avanza impulsada por fuertes vientos de cola, entre los que debemos contar los dudosos esteroides del endeudamiento, la caída de los tipos de interés y la llegada masiva de inmigrantes, consecuencia natural de la baja demografía de nuestro país.

Hay, por supuesto, razones para la preocupación en las cuentas nacionales; y la menor no es la sostenibilidad de las pensiones cuando se enfríe la economía y vuelva a repuntar con fuerza el paro o la baja productividad de los trabajadores. Hay también causas globales que amenazan el vigor del crecimiento, como la debilidad alemana, el riesgo ruso y la pérdida de competitividad industrial en los sectores punta de las nuevas tecnologías. Todo pende de un hilo, es cierto, pero haríamos mal negando la evidencia: el PIB español sube y lo seguirá haciendo durante un tiempo, aunque sólo sea por el efecto arrastre. Y debemos alegrarnos de que suceda así tras dos décadas de estancamiento.

¿Por qué entonces la percepción social es tan mala? Se me ocurren dos motivos. El primero es la fuerte polarización partidista que hace inviables los planes a medio y largo plazo, como sería el mantenimiento de las infraestructuras o la modernización del Estado del bienestar. El segundo motivo, en cambio, tiene que ver directamente con el bolsillo familiar. A pesar de que los sueldos hayan subido –y en ciertos casos, como el salario mínimo interprofesional, de un modo notable–, hay tres o cuatros puntos de tensión que desvirtúan el efecto de la mejora retributiva. El más importante, con mucha diferencia, es la escasez de vivienda disponible para la venta o para el alquiler. El agujero producido por el precio de los inmuebles es de tal magnitud que ninguna política pública o privada de rentas puede ser efectiva. Sin vivienda pública o privada asequible no hay futuro. Cualquier política económica que no dé una respuesta a este desafío no logrará traducirse en bienestar colectivo. Pero hay otros problemas similares –quizás no de la misma magnitud– que agravan el malestar colectivo. Pienso en el precio de los alimentos, sorprendentemente elevado si lo analizamos en el contexto europeo o en el de la burbuja inflacionaria que empieza a afectar a determinados servicios.

La polarización quizás sirva para movilizar al electorado y ganar (o perder) elecciones, pero no ofrece soluciones a nuestros problemas. Un gobierno responsable, sea del signo que sea, debe actuar de forma prioritaria sobre la vivienda: acelerando la construcción de apartamentos y locales destinados al uso público o al alquiler, liberalizando suelo edificable donde sea posible y reduciendo la pesada burocracia que afecta al sector. Junto a ello, haría bien en analizar por qué el precio de la cesta de la compra no para de subir y tomar medidas para revertir esta tendencia. Si a ello le añadimos políticas generosas de mantenimiento de las infraestructuras públicas, creo que podríamos darnos más que por satisfechos. Son tres grandes fracturas que impactan sobre cualquier recuperación económica. 

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