Los caminos son los caminos

Esto muy bien lo podría decir el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy: los caminos son los caminos. Es una verdad como un templo, que no siempre se cumple.

Cuando yo era un niño, el mediano de una familia muy numerosa, mi padre compró una casa medio en ruinas en un pueblo cerca de la ciudad. Con grandes esfuerzos restauró la casita para habilitarla como residencia estival: era una locura tener a toda la prole en verano encerrada en un piso. Al tiempo, mi padre decidió arreglar la era delantera de la vivienda, que lindaba con una senda ancestral por la que los payeses del pueblo bajaban a sus pequeñas huertas. Algo pasó y los vecinos se molestaron por una pequeña alteración de la vereda.

«Los caminos son los caminos», le dijeron al recién llegado de la ciudad. Fin de la discusión. Tenían toda la razón.

La anécdota viene a cuento por dos recientes noticias sobre pleitos por la titularidad pública de otros tantos caminos rurales en Mallorca.

Este tipo de litigios son muy frecuentes en Balears y no siempre acaban en favor de los intereses comunes.

La isla, antaño, giraba en torno a las posesiones, pequeñas o grandes explotaciones agrícola-ganaderas que, a menudo, permitían malvivir a los payeses o proporcionaban unas nutritivas rentas para los señores. La vida en torno a esos predios generaba una enorme red de vías rurales de comunicación que unían unas fincas con otras y los núcleos más poblados; también había enlaces entre los pueblos colindantes, algunos de gran longitud.

Todo cambió: llegó el turismo. El campo se abandonó. Las posesiones pasaron a ser residencias para potentados o alojamientos turísticos, muchos de ellos de lujo.

Algunos de los nuevos dueños decidieron cerrar con férreas vallas esas rutas que atravesaban su propiedad. No querían gente extraña curioseando por su casa y, a menudo, causando destrozos o robando cosechas. Tampoco deseaban bárbaras carreras de todo tipo de vehículos por sus tierras.

Las unilaterales clausuras han movilizado, en ocasiones, a vecinos de los pueblos, excursionistas y amantes de la naturaleza. Tibiamente algunos consistorios han reaccionado ante la usurpación de los viales públicos y han iniciado acciones para recuperarlos.

No obstante, la posición más poderosa de salida la tiene el propietario. Es la ley del más fuerte. Te impido pasar; pongo vigilantes y cámaras; te denuncio; demuestra tú que tienes libre acceso; hago desaparecer los restos del sendero…

Fora vila no es como las zonas urbanas, donde las fronteras entre lo común y lo privado suelen estar más claras.

Existe un catálogo de caminos elaborado por el Consell en 1999, así como listados de bienes patrimoniales de los distintos municipios. Sin embargo, es una documentación difusa e incompleta.

Hace unos días el juzgado de primera instancia número 23 de Palma declaró público el Camí de Bunyola a Alaró y ordenó retirar los cerramientos. El pleito se inició hace nada menos que 12 años por los propietarios que impugnaron la inclusión del Camí de Cabás en el inventario de bienes municipal. Pese al primer fallo, todavía pueden quedar años de litigio por mor de los recursos. Los contendientes, los ayuntamientos de Santa María y Bunyola y los cierra caminos, han echado mano de todo tipo de argumentos y precedentes, varios de siglos pasados. Ha sido vital el testimonio de algunos mayores de la zona. Estas personas han recordado que, en su infancia, pasaban, libremente, personas, carros y mulas por aquella senda.

De forma paralela el pleno del Ayuntamiento de Sóller ha conminado a la familia March, una saga poderosa en la isla, a retirar una barrera en el Camí de Bàlitx, que lleva cerrado nada menos que diez años. Estamos otra vez ante la política de hechos consumados que privilegia al supuesto infractor.

Todavía no ha llegado este caso a los juzgados, pero la Justicia es tan lenta que recuperar estas sendas de todos es casi una misión imposible.

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