Regularización de migrantes: Baleares necesita ciudadanos y trabajadores de pleno derecho

La regularización extraordinaria de migrantes decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido acogida con agrado por los agentes sociales y las patronales, aparte de algún reproche de «oportunismo político» recibido desde algunos sectores empresariales. Por contra, el Govern de Marga Prohens ha reaccionado con el desagrado que le provoca un proceso «indiscriminado y masivo» y el temor a un «efecto llamada».

No es la primera regularización de este tipo que se produce en España. Antes las han impulsado por igual tanto gobiernos del PSOE como del PP. En el proceso actual, y por lo que respecta a Balears, se calcula que podrá beneficiar a unas 10.800 personas que, de este modo, podrán incorporarse con normalidad a un mercado laboral que en este archipiélago adolece de una creciente falta de mano de obra, «de dificultades estructurales para cubrir puestos de trabajo en sectores clave», ha puntualizado Jordi Mora, de Pimem. Se entiende, por tanto, la respuesta positiva de los sectores directamente implicados y sorprende la reacción airada de un Govern autonómico que parece mirar de forma preferente a las estrategias políticas que se marcan desde la calle Génova de Madrid, en vez de centrarse en la realidad socioeconómica y demográfica de Balears. Marga Prohens ha amagado con impugnar la regularización, pero ya se le ha dicho que ésta es una competencia estatal, respuesta semejante a la dada a Alberto Núñez Feijóo cuando ha intentado denunciarla ante la Unión Europea.

La regularización en ciernes cuenta con el impulso de una iniciativa legislativa popular y dispone del respaldo de la Conferencia Episcopal y de entidades humanitarias. El mismo obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha venido denunciando en las últimas semanas la falta de respuesta, en lo más básico, con la que topan muchos migrantes al llegar a la isla. La hospitalidad y la regularización, cuando menos, debe beneficiar por igual a quienes llegan del modo que pueden en busca de una vida mejor, como a los extranjeros de buen poder adquisitivo que escogen Mallorca como lugar de residencia.

Tener dos varas de medir, en este caso, puede atentar contra los derechos humanos más elementales. La «crisis humanitaria sin precedentes» que augura el director general de Migraciones, Manuel Pavón, se corresponde con la exageración. Más consecuente se antoja la conclusión de Javier Vich, de la Federación Hotelera, cuando indica que ahora los migrantes –imprescindibles ya en lo laboral– «formarán parte del sistema con todas las garantías». No es de recibo, como ocurría de facto ahora, el fomento de una economía sumergida que crea ciudadanos de segunda y privados de derechos elementales. Interesante también recordar la evaluación del profesor de la UIB, Ismael Gálvez, al estimar en 2.000 euros el coste fiscal de la irregularidad, mientras que el trabajador regularizado genera 3.300 en el mismo periodo en cotizaciones sociales e impuesto sobre la renta.