Pensiones, desahucios y el relato como coartada

El decreto antidesahucios que no obtuvo los apoyos suficientes en el Congreso esta semana iba acompañado de otras medidas socialmente sensibles, entre ellas la subida de las pensiones. Tras su rechazo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acusado a los grupos de la oposición de impedir ese aumento. Sin embargo, conviene decirlo con claridad: si la subida de las pensiones se hubiera presentado en solitario, habría sido aprobada sin dificultad. La decisión de mezclar medidas heterogéneas en un mismo texto no responde a la eficacia legislativa, sino a una estrategia política: blindar el relato antes que asegurar el consenso.

La vivienda se ha convertido en uno de los terrenos más fértiles para ese tipo de maniobras. Bajo la apelación genérica a la protección de «los vulnerables», se impulsan medidas que no distinguen entre grandes tenedores y pequeños propietarios, y cuyas consecuencias recaen sobre una clase media cada vez más frágil. Hoy prácticamente no hay nadie que no conozca algún caso cercano.

Personas en paro que no pueden seguir pagando su hipoteca y se trasladan a vivir con sus padres o a una habitación compartida, confiando en mantener su única vivienda alquilándola. Familias que alquilan el piso de sus padres porque estos necesitan ingresar en una residencia y no consiguen plaza pública, viéndose obligadas a asumir los costes de una residencia privada. Pensionistas que complementan pensiones mínimas con el alquiler de un piso heredado o adquirido en tiempos de bonanza económica.

En todos estos casos, cuando el inquilino deja de pagar y el desahucio queda bloqueado, el daño no es ideológico ni abstracto. No solo se dejan de percibir ingresos imprescindibles, sino que los gastos de comunidad, suministros o impuestos siguen recayendo sobre el propietario. La vulnerabilidad cambia de lado, pero el discurso político se resiste a reconocerlo.

Conviene recordar algo esencial que el debate público suele eludir: la responsabilidad de garantizar el acceso a la vivienda y de atender a las personas vulnerables es del Estado, no de los pequeños propietarios. Trasladar esa carga a la clase media no es una política social, sino la consecuencia directa de la incapacidad del Gobierno para legislar, construir vivienda pública y corregir desigualdades estructurales. Como ha señalado el filósofo Byung-Chul Han, uno de los rasgos del capitalismo contemporáneo es convertir los fallos del sistema en responsabilidades individuales. En este caso, se exige a particulares que asuman con su patrimonio lo que debería resolverse desde lo público.

Este tipo de políticas no protege a quienes más lo necesitan: empobrece a la clase media, motor económico y social del país, y deja intactos a los grandes tenedores o fondos buitre, que cuentan con respaldo financiero y jurídico suficiente para proteger sus intereses. No es casualidad que, mientras pequeños propietarios quedan atrapados en procedimientos interminables, grandes compañías puedan ejecutar desocupaciones rápidas, incluso en hoteles, como hemos visto recientemente en nuestra isla.

La política de vivienda necesita soluciones reales, no consignas. Gobernar no es construir un relato que señale culpables, sino aprobar medidas eficaces, justas y proporcionadas. Mezclar pensiones y desahucios puede servir para ganar titulares; no para resolver problemas. Y, a la larga, ese precio lo paga la ciudadanía.