Un muerto en Cataluña pesa más que cuarenta y cinco en Andalucía

Hubo un tiempo en que se podía fantasear con la idea de que en España éramos todos libres e iguales. Digo fantasear porque, en realidad, se trataba más de una aspiración que de una realidad. Después de los accidentes ferroviarios de Rodalies en Barcelona y del AVE en Córdoba, uno por el derrumbe de un muro de contención, el otro por una soldadura defectuosa entre raíles, el primero con el maquinista muerto, el segundo con 45 muertos, el PSC y ERC pidieron responsabilidades políticas por el primero; la oposición parlamentaria por ambos. Las exigencias del PSC se han saldado con el cese del director de Rodalies y un cargo de Adif, no así las de ERC que exigía la dimisión de Puente. Las exigencias de responsabilidades a Sánchez y el cese de Puente no han tenido hasta el momento ningún resultado. No hay que estrujarse mucho la imaginación para llegar a la conclusión de que se hace caso al PSC y, en menor medida a ERC, porque el primero es el principal suministrador de votos al PSOE en unas elecciones generales y ERC es aliado fundamental para Sánchez y sostiene a Illa como presidente de la Generalitat. Tampoco para concluir que para Sánchez la suerte de 45 ciudadanos en el accidente de Andalucía no tiene el mismo peso político que su presencia en La Moncloa.

Sánchez ha mitineado en Zaragoza alardeando de hacer frente al desastre de Adamuz con el ministro Puente dando la cara en todo momento. Se le preguntó por la asunción de responsabilidades por el accidente, a lo que respondió asegurando que las asumía todas. Inauguró un nuevo concepto de asunción de responsabilidades, inédito en Europa: no consiste ni en dimitir él mismo ni en cesar al ministro responsable, consiste en decir que se asumen, es decir, que no se traduce en nada más que hacer como que sí, aunque sea que no. Veamos. Exigir responsabilidades no es exigir culpables, consiste en dar reparación política y moral a un yerro grave en el desempeño de la función competencial del Gobierno que se jactaba de un sistema ferroviario en el mejor momento de su historia. Nadie se ha atrevido a declarar que Puente sea culpable del accidente de Adamuz, pero sí de afirmar que es el responsable, más allá de sus incorrectas apreciaciones sobre el motivo y circunstancias del accidente, de un ministerio que ha llevado a cabo una deficiente gestión en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, con unas consecuencias devastadoras. Por eso, tiene la obligación política y moral de dimitir. O, en su caso, la tiene Sánchez de cesarle. Si no se produce ni una cosa ni la otra, es que, como en el caso del gran apagón que se saldó sin la asunción de ninguna responsabilidad, el Gobierno resquebraja la credibilidad del sistema y la reputación de la democracia, ya muy cuarteada por su gestión en experiencias anteriores muy dramáticas, como la pandemia o la dana de Valencia. El ascenso de Vox en la intención de voto es una consecuencia directa de la gestión de Sánchez.

La intención del Gobierno de organizar un homenaje de Estado a las víctimas del accidente de Adamuz era otra maniobra de propaganda. Los fallecidos no son héroes a los que hay que homenajear. Son víctimas inocentes de un deficiente estado de mantenimiento y conservación de la infraestructura ferroviaria, a cuyos familiares el Estado deberá indemnizar. A falta de una regulación de en qué consiste un funeral de Estado, en uno como el nuestro que no es laico sino aconfesional, los normal es adecuarse a la tradición, que en Huelva es mariana. El Gobierno aplazó el homenaje argumentando la dificultad de numerosas familias de fallecidos para allí trasladarse. No era verdad. Lo aplazó para «más adelante» por la negativa de muchos familiares indignados a participar en un acto diseñado «para lavar las conciencias de los responsables gubernamentales». El Gobierno temía ser objeto de descalificaciones e insultos como los sufridos por Mazón en el homenaje de Estado a las víctimas de la dana en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. Sánchez no puede salir a la calle por la animadversión que genera, sólo puede hacerse presente en los mítines de su partido, rodeado por militantes adscritos a sus esquemas de polarización ideológica y a sus beneficiados en cargos públicos por el clientelismo del Gobierno.

El Gobierno de Sánchez renquea herido, pero consigue mantenerse en pie. Para ello, sigue vendiendo España a cambio de votos; como se comprometió a hacerlo, buscándolos hasta debajo de las piedras. El martes escenifica con el decreto ómnibus el chantaje al PP, Vox y Junts, mezclando la revalorización de las pensiones con prohibir los desahucios a okupas vulnerables para poderles acusar ante los pensionistas y tenerles en vilo ante la incógnita de presentarla o no en decreto separado (elecciones en Aragón). Juega con el placer sádico de un psicópata con su angustia. Se reúne con Pradales para transferir al Gobierno Vasco la gestión de los aeropuertos, la misma que el presidente de AENA había calificado hace dos semanas como nula de pleno derecho. El mismo martes despliega súbitamente el decreto de regularización de 500.000 emigrantes irregulares obviando la proposición de ley congelada desde hace dos años. Mata dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, refuerza a Vox y debilita a un PP que hace meses se había abierto a una regularización con condiciones. Por el otro, da aire a Podemos con el decreto para negociar con ellos el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. Lo que Podemos había calificado como racista. Así les repesca para su mayoría de investidura y encarrila los compromisos con Junts para incorporarles a ambos a la mayoría necesaria para aprobar los presupuestos y asegurar la legislatura hasta 2027. La única duda es la posición final de Junts. Puigdemont había asegurado que no votaría los presupuestos, pero a saber lo que va a hacer ese partido dirigido por el prófugo de la justicia. Nada nuevo bajo el sol de la España gobernada por Sánchez. Ha debilitado y desarmado el Estado y ha pactado con sus enemigos. Ha pactado con los herederos de los terroristas que asesinaron a sus compañeros de partido. Ha hecho honor al editorial de El País que lo calificaba de insensato sin escrúpulos. Ha traicionados todos sus compromisos electorales. Y ahora, para conseguir mantenerse en la presidencia hasta 2027, se apresta a vender a trozos lo que queda de España.

Suscríbete para seguir leyendo