Cómodos en la infrafinanciación

Hace unos días, se presentaron los esbozos del nuevo modelo de financiación, que llevábamos esperando desde 2014, porque nunca es buen momento para abordar este tema.

A partir de ahí, han opinado los políticos de uno y otro lado, expertos en financiación y algún que otro periodista despistado que lee a estos expertos y escribe lo que entiende.

Los políticos han saltado a opinar sobre el modelo, aunque no entiendan del todo la operativa, es igual, hay que respetar los guiones. Unos dirán que se ha hecho a medida de una comunidad (cuando las que más mejoran no están presididas por partidos del mismo color del gobierno, como Andalucía, Murcia, etc.), que es la que siempre da la cara por el cambio, del que se benefician todos, pero siempre es el malo de la película, y nadie reniega de los recursos que han aportado los cambios impulsados por ellos. Los mismo hablarán de que se rompe con la solidaridad (difícil entender que la solidaridad implique aceptar que un «rico» se convierta en «pobre» después de la redistribución), o que hay comunidades infrafinanciadas a partir de que no llegan a la media (con una recaudación por cierto, por debajo de la media), o partir de que no se llegan a satisfacer sus necesidades exactas (sin definirlas). Otros dirán que el modelo mejora mucho la situación actual (porque añade 21.000 millones de euros), que simplifica el modelo actual (no lo acabo de ver, se cambian unos fondos por otros, pero es igual de complicado y poco transparente), que es más solidario, pero sobre todo, que nadie pierde. Esto último es lo que ha caracterizado todas las modificaciones del modelo, y no es que solo se diga, es que es cierto, con cualquier gobierno que haya aprobado un nuevo modelo.

Todos ganan, efectivamente. Pero la sociedad, en base a lo que digan políticos y pseudo-expertos y en base a la sensación que tienen sobre la calidad de los servicios públicos, acostumbra a seguir criticando el modelo y maniendo el eterno argumento de la infrafinanciación. La infrafinanciación es un argumento muy interesante cuando los políticos en general del color que sean, quieren quitarse de encima la responsabilidad por no poder atender todas las demandas de los ciudadanos (consumidores, empresarios, usuarios de servicios públicos, etc.). Parte de razón tienen, porque es imposible que cualquier modelo pueda satisfacer la enorme cantidad de peticiones de gasto a las que se enfrentan los gobiernos. Hay que priorizar, y eso no gusta a los políticos, y tampoco acostumbra a gustar a los votantes.

También es un argumento interesante como elemento de confrontación política: el modelo que se aprueba hoy con un gobierno, puede ser malo mañana si hay un gobierno de otro color. En 2009, se aprobó el actual modelo que aportó 400 millones a la CAIB, que le permitió por primera vez llegar a la media de recursos, mejorando, en relación a la media unos 30 puntos, y al cabo de unos pocos años se seguía hablando de infrafinanciación, por todos los partidos, incluso los del mismo color de los que aprobaron el modelo. El modelo actual, solo es una previsión, podría aportar otros 400 millones. Que son parecidos en valor absoluto a los de 2009, pero en términos relativos son más bajos, por la inflación. Y también en términos relativos son menos porque antes se recibieron 400 millones de unos 11.000 que se añadieron al sistema, y ahora se añaden 21.000 millones. Es fácil hacer los números.

La sociedad civil, que en 2009 sí estuvo agrupada en torno a un objetivo, llegar a la media de financiación, desde hace años está despistada. Sigue repitiendo el mantra de la infrafinanciación pero incapaz de definir un objetivo claro sobre que cantidad de recursos, en términos absolutos o relativos, permitirían dejar de hablar de la infrafinanciación. Las simulaciones del modelo actual indican que estamos 12 puntos por encima de la media de financiación (por población ajustada, aquí está la trampa). Entonces, cabe preguntarse, ¿cuál debería ser el objetivo? Cuánto necesitamos para poder decir que estamos bien financiados, en relación al resto, porque en términos absolutos de necesidades de la administración pública ya hemos dicho que no tiene sentido.

En 2009, la Conselleria de Hacienda informó a todos los partidos de los avances del modelo, poniendo cantidades sobre la mesa. Todos decían que el dinero adicional que llegaría estaba muy bien, pero que algunos señalaban que no pensaban apoyar el modelo, porque la infrafinanciación era su discurso; otros que no podían hacerlo porque representaba avalar lo que había hecho un gobierno de distinto color al suyo; y otros al cambiar de color el gobierno que lo aprobó, pasaron a criticar el modelo que habían aprobado. Y así todos contentos o descontentos, eso sí, con 400 millones en el bolsillo, solo el primer año, después fueron muchos más. Igual que ahora, con otros 400 millones más, para empezar.

Creo sinceramente que cualquier gobierno regional tiene complicado negociar con el Ministerio de Hacienda sin argumentos para declararse infrafinanciado y sin ofrecer una alternativa, un objetivo claro y más o menos preciso. Tampoco servirá de nada si la sociedad en conjunto, fuerzas políticas y sociedad civil, antaño encabezadas por el Cercle de Economía, no define un objetivo en el cual todos se sientan cómodos. Esto es lo que debería volver a intentar el Cercle.

El problema de establecer objetivos, es que después es fácil valorar si éstos se han conseguido o no, y con ello evaluar las promesas y las críticas de los partidos. O sea, que la infrafinanciación es un estado en el que todos los partidos están cómodos, porque da juego político.