A favor de la legalidad internacional y nacional

Sin ningún reparo me manifiesto a favor de que se cumplan todas las leyes, empezando por las internacionales y, en la misma medida, las nacionales.

En los últimos tiempos, el papel de la ONU como máximo organismo de la legalidad internacional y de defensa de los derechos humanos se está viendo debilitado. Las causas de este deterioro son evidentes: principalmente, la falta de liderazgo, con un secretario general sin propuestas ni autonomía financiera para tomar decisiones. Esto contrasta con lo ocurrido en 1960, cuando Mr. Hammarskjold inició la primera misión internacional a gran escala y desplegó casi 20.000 cascos azules en el Congo para frenar los intereses de un país europeo. Actualmente, es impensable que António Guterres tomase una decisión similar.

Además, las tres primeras potencias militares tienen derecho a veto en la ONU, lo que facilita la autocracia de sus dirigentes y el uso de la fuerza para alcanzar sus objetivos, incluso cuando esto implica no respetar los derechos humanos.

En este sentido, es imprescindible relanzar a la ONU y dotarla de medios para impulsar un orden mundial basado en los derechos humanos, y no parece tarea fácil enfrentarse a ello.

Pero para los que estos días defendemos la legalidad vemos que se han sumado algunos que a nivel nacional no siempre la han defendido, ya que el gobierno español no está exento de incumplimientos normativos.

Por ejemplo, durante la pandemia de la covid, el Gobierno declaró el estado de emergencia nacional y confinó a toda la población, suprimiendo el derecho fundamental de libertad de movimientos. Posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró ilegal dicha norma, señalando que el Gobierno no tenía potestad para ello, lo que anuló las multas impuestas a quienes transgredieron la norma, pues para confinar a la población, se habría debido declarar el estado de excepción. Esta infracción no supuso ni petición de disculpas de los políticos, ni asunción de responsabilidades, y los ciudadanos afectados tampoco recibieron reparación de los daños sufridos.

Otro incumplimiento relevante a punto de producirse es la presentación del nuevo sistema de financiación autonómica, con diez años de retraso y negociado con un partido que presume de que el sistema beneficia a Cataluña, en vez de hacerlo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano competente. Esto vulnera la igualdad, ya que la única comunidad que recibe el principio de ordinalidad es la catalana, perjudicando a todas las demás y especialmente a Illes Balears. De aprobarse, sería respaldado únicamente por el 50% de los votos, los del Gobierno Central y una sola comunidad autónoma, ya que todas las demás han votado en contra.

Asimismo, se incumple permanentemente el respeto a la propiedad privada, trasladando el problema de la vivienda a los ciudadanos, cuando, según la Constitución, es el Estado el responsable de garantizar este derecho, no las personas propietarias que han adquirido sus viviendas con esfuerzo y las ven okupadas o restringidas las decisiones sobre las mismas.

El Gobierno incumple también la obligación de presentar anualmente la ley de presupuestos, y no se producen consecuencias por ello.

Por lo tanto, se respeta menos el poder legislativo y lo mismo puede decirse de la independencia del poder judicial.

En mi opinión, desde las medidas tomadas por la pandemia, los ejecutivos en la mayoría de los países de nuestro entorno han incrementado la tendencia hacia la autocracia y respetan menos los poderes legislativo y judicial.

En definitiva, hay que volver al imperio de las normas internacionales y nacionales.