«Lujo» no es un concepto jurídico, lo decisivo es la vivienda

En municipios como Calvià, Santa Ponça y cada vez más en otras zonas de Mallorca, se ha extendido una práctica que carece de base legal, pero que sigue siendo aplicada frente a inquilinos, especialmente extranjeros.

Algunos agentes inmobiliarios sostienen que en los llamados «contratos de alquiler de lujo», en alquileres de importe elevado o en viviendas de gran tamaño (por ejemplo, más de 300 m²), el inquilino estaría obligado a pagar la comisión inmobiliaria. Dicha interpretación es jurídicamente incorrecta.

Con la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, el marco legal quedó claramente definido. El artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece expresamente que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corresponden al arrendador cuando se trata de una vivienda destinada a residencia habitual.

La única cuestión jurídicamente relevante es, por tanto, si la vivienda se destina o no a residencia habitual (vivienda habitual). Ni el importe de la renta, ni la superficie, ni el nivel de ingresos del inquilino resultan determinantes.

El artículo 4.2 de la LAU, frecuentemente citado en este contexto, se limita a permitir una mayor libertad contractual en aspectos como la duración o la extinción del contrato en viviendas de gran tamaño o renta elevada, pero no afecta en modo alguno a la obligación legal relativa al pago de la comisión inmobiliaria.

El término «alquiler de lujo» no constituye una categoría jurídica y no produce efectos legales. Ni la intervención de abogados ni la denominación contractual de los honorarios pueden alterar la obligación legal cuando la vivienda se utiliza efectivamente como residencia habitual.

Conclusión: lo decisivo es exclusivamente el destino de la vivienda como residencia habitual. En tal caso, la comisión inmobiliaria debe ser asumida por el arrendador, con independencia del tamaño o del importe del alquiler.