Ordinalidad versus solidaridad

Nuestra presidenta Prohens exigió recientemente que se respete el principio de ordinalidad, porque nuestra comunidad es la segunda que más aporta al sistema, sólo por detrás de Madrid y por delante de Cataluña. Supongo que tal exigencia es fruto de las declaraciones de la ministra Montero de que la ordinalidad se aplicaría a Cataluña, pero no era posible aplicarla a las otras comunidades; regirá para Cataluña y para Madrid y Balears no. Remachaba lo dicho por Prohens el secretario Sagreras, que escribía que el Gobierno sólo aplica este criterio para beneficiar a Cataluña. En verdad no tiene sentido, a la hora de repartir la financiación entre las comunidades, aplicar el sentido del orden consistente en que el que más aporta más recibe sólo a una comunidad, Cataluña. Hablar de un criterio para establecer la financiación significa aplicarlo a todas las comunidades. Lo que también significa que el que menos aporta, porque es el menos rico, menos recibe. Y para salvar esta manifiesta insolidaridad, la ministra Montero, que entregó a Illa 4.700 millones, se dispone a aumentar el tamaño de la tarta de la financiación incrementando la recaudación en 21.000 millones adicionales, que sólo pueden provenir de los impuestos, de la disminución del gasto o del recurso al incremento de la deuda. El solo hecho de que durante años hayamos tenido inflación y no se hayan deflactado los tramos del IRPF significa que año tras años se haya ido incrementando la presión fiscal y Hacienda haya recaudado como nunca. Somos cada día más pobres mientras el Gobierno dispone cada vez de más recursos. Es lo que habría que explicar a tantos ciudadanos atónitos ante el contrasentido de que Sánchez no ceja de felicitarse por el crecimiento del PIB en relación a nuestros socios de la UE, «nuestra economía va como una moto» o «la economía va como un cohete», mientras el coste de la vida sea cada día más alto, los sueldos muy bajos y la vivienda por las nubes. Nuestra productividad por hora trabajada figura en la mitad inferior del ranking en Europa, en el puesto 15. En los últimos 20 años, 2004-2024, la renta per cápita de los hogares en la UE ha crecido un 22% de media, mientras que en España se ha dado el menor crecimiento, sólo un 11%; lo que desmiente el triunfalismo del Gobierno.

Veamos, la cuestión de la ordinalidad surgió del PSC en Cataluña como fórmula para esquivar el proceloso asunto del cupo consagrado en la Constitución para el País Vasco y obtener una financiación singular para Cataluña. Aquí, la cuestión fue importada por los nacionalistas del PSIB que desde mitad de los ochenta se hicieron con el mando. Sus exigencias no dieron fruto mientras Felipe González dirigió al PSOE. Con la llegada al poder partidario de Rodríguez Zapatero, con su compromiso de implementar todo lo que se aprobara en el parlamento catalán, eran los años de Maragall y después de Montilla, se inició el camino de la ruptura de la solidaridad con la aprobación de un Estatut rechazado por Zapatero y la aprobación de otro pactado entre éste y Mas, la sentencia del TC de 2010 anulando 14 de sus artículos, el primer referéndum de Mas en 2012 y, finalmente el golpe de Estado de 2017. Desde el primer momento (Joan March presentaba a Zapatero en Palma el año 2000), el PSIB se alineó con la tesis de la ordinalidad, defendida por todos sus dirigentes, desde Antich hasta Armengol, todos nacionalistas, siempre a remolque del PSC, que se convirtió en el partido guía del PSIB frente al PSOE, mucho más remiso a la asunción de ese principio de reparto.

El artículo tres de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran (la Nación española) y la solidaridad entre todas ellas. Una cuestión clave para aplicar la solidaridad es que los más favorecidos desde el punto de vista de las rentas ayuden a los menos favorecidos. En esto consiste el principio de solidaridad, que no es que sea un principio socialista, es un principio social, aceptado desde todas las vertientes ideológicas y aplicado según cada una de ellas. También desde el liberalismo más clásico se defiende que una de las funciones principales del Estado consiste en la ayuda a los más desfavorecidos. ¿Quiénes son los que aportan más? Los que más tienen. No son los territorios, sino los contribuyentes. Si aceptáramos que son los territorios los que aportan y no los contribuyentes, podría darse el caso, de hecho, se da, que los mayores contribuyentes se concentran en las regiones más ricas, entonces aplicar el principio de ordinalidad condena a los habitantes de las regiones más pobres a persistir en su pobreza y se rompe con el principio constitucional de la solidaridad. Esta es una cuestión que siempre, incluso con Sánchez, ha defendido el PSOE, en todas sus resoluciones congresuales. Ahora no. Por la necesidad de mantenerse en el Gobierno Sánchez ha aceptado la ordinalidad (pero sólo para Cataluña, a Madrid y Baleares que les den) por tanto, la insolidaridad, para mantenerse en el poder. Como los indultos, como la amnistía, como cualquier otro principio que sea menester rendir con tal de continuar en el poder.

La presidenta Prohens nos debería aclarar si el PP de Balears mantiene su exigencia de ordinalidad en la financiación autonómica en contradicción con la posición de Juan Moreno Bonilla, Isabel Díaz Ayuso, López Miras, Jorge Azcón, Sáenz de Buruaga, Alfonso Rueda, Fernández Mañueco, María Guardiola…Y de García Page. Si Prohens coincide con todos ellos en rechazar la condonación de deuda, asumiendo un criterio común en contra de la financiación singular, a qué viene esa extemporánea exigencia de respeto por una medida tan insolidaria como la ordinalidad, que no deja de ser una financiación singular de cada comunidad. Ahora bien, Prohens tiene razón en reclamar la ordinalidad para Balears si se consuma la trampa del pacto de Sánchez con Illa de aplicarlo sólo a Cataluña que, de ser la tercera en aportar pasaría a ser la tercera en recibir, mientras Madrid y Balears siendo primera y segunda en aportar quedarían por debajo de la media en recibir. La ordinalidad para todos o para ninguno. Ni el antiguo PSOE ni el PP avalan la ordinalidad. Lo racional y respetuoso con la Constitución, es arbitrar a un sistema solidario que garantice la igualdad de servicios públicos básicos, como la educación y la sanidad, en todos los territorios.

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