¿Vox no tenía que cerrar autonomías?

A los que les gusta la política saben que Vox nació a través de aquellos que consideraron que las políticas de Mariano Rajoy eran tibias y blanditas. «La derechita cobarde», se decía. Eran tiempos en que desde la izquierda se consideraba al PP un partido de «derecha extrema», cita textual. Ya ven. Fueron Alejo Vidal Quadras, Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara, entre otros, quienes en 2013, dos años después de la llegada de Rajoy a La Moncloa, registraron la marca como partido político. El primer objetivo era perseguir un proceso de recentralización del Estado de las autonomías. Eso significaba, por supuesto, el cierre paulatino de todos los parlamentos autonómicos por el despilfarro que significaban.

En 13 años el país ha cambiado y, en general, todas las prioridades de los partidos. Sin embargo, las ideas primeras, las que están en el origen de la construcción de las formaciones, no. Vox nació para recentralizar España y cerrar todas las sedes autonómicas, despedir a sus presidentes y diputados, eliminar secretarías generales y directores y subdirectores y todo el entramado que funciona en las maquinarias de esas instituciones, y ahora parece haberlo olvidado. Tanto lo ha olvidado que la portavoz del partido, Pepa Millán, ha asegurado en el Congreso que si era necesario entrar en el Gobierno de María Guardiola en Extremadura, «se entraba». Que es como la escena de la película El milagro de P. Tinto cuando el albañil le dice al propietario de la casa que «si hay que sanear, se sanea», ante unas obras de rehabilitación.

Si Vox está dispuesto a entrar en el Gobierno de Extremadura, como ya hizo en otras autonomías aunque después abandone, y como parece que también lo está ante las futuras contiendas electorales en Aragón o en Castilla-León, la pregunta es: ¿qué queda de su recentralización del Estado?

Llegó a la política como un partido antisistema de extrema derecha y se ha consolidado como una organización que persigue espacios de poder para situar a sus militantes o gente próxima. O sea, un partido radical, cuyo «objetivo es conseguir una sociedad monocultural y mononacional al servicio de su particular idea de España», cito al profesor Carles Ferreira, que rechaza la inmigración, sobre todo la musulmana, pero que permanece en los parlamentos autonómicos.

Hay defensores de estas posiciones, como en la CUP, al otro lado del arco ideológico, que también defiende hacer política institucional, aunque en sus orígenes lo rechazaran. La cuestión es que la política está relacionada con hacer concesiones. Es lo que identifica a los partidos de gobierno.

Ahora Santiago Abascal se lo cree y anuncia que es un partido de gobierno. Recuerda a cuando Albert Rivera se creyó que podía superar los resultados de PP y no pactó con Pedro Sánchez, y así acabó su fiesta. Tras 13 años, Abascal ya se ve superando a los populares de Feijóo. Las siempre maliciosas encuestas le dan cada vez mejores resultados electorales. Las mismas que le ponían a Rivera sobre la mesa.

Y ahora, quién cierra autonomías.

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