La batalla por la vivienda: una estrategia contra la precariedad

En Balears, tener trabajo ha dejado de ser garantía de integración y vida digna, ya no es un escudo social frente a la pobreza. Creamos empleo, pero la estacionalidad, los bajos salarios y la precariedad llevan a muchas personas a una situación de vulnerabilidad.

Entre todos los factores de desigualdad que hacen aumentar la brecha entre ricos y pobres, destaca el problema de la vivienda; en nuestras islas, es el primer factor de empobrecimiento y que nos lleva a una sociedad cada vez más fracturada. Los precios de compra y alquiler son demasiado elevados, y siguen creciendo, mientras que los requisitos para alquilar son imposibles de cumplir por muchas arrendatarias e incluso discriminatorios por motivos de edad, raza, género, discapacidad, renta o procedencia.

El uso antisocial de la propiedad privada -acaparar en pocas manos bienes de primera necesidad y especular con un derecho constitucional- debe encontrase de frente con políticas valientes que pongan límite a la especulación y garanticen una vida digna para la mayoría social.

Las principales competencias en materia de vivienda están en manos de las comunidades autónomas y ayuntamientos que son los principales responsables de las condiciones de acceso a la vivienda. En este contexto, las recientes declaraciones del Conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luís Mateo, «rogando» a los propietarios y promotores que no suban demasiado los alquileres y su «somos poco amigos de la intervención», casi suena a chiste de mal gusto.

El Govern ha apostado por «construir, construir y construir» como dijo la propia Marga Prohens y ha centrado su política en una batería de medidas para facilitar la construcción sin tener en cuenta la depredación del territorio. Aunque falta vivienda, no se trata solo de construir más, sino de intervenir en el precio de forma inmediata. El ejecutivo se niega a hacer cumplir Ley por el Derecho a la Vivienda y a limitar el precio máximo en las zonas tensionadas, vinculándolo a los ingresos de los hogares -30% de los ingresos totales-. Además, tampoco es de recibo que los ayuntamientos, incluso los que están gobernados por opciones progresistas, se abstengan de solicitar la aplicación de la limitación de precios.

Es fundamental movilizar y rehabilitar el stock de viviendas vacías en las zonas tensionadas para su puesta en alquiler a precios asequibles proporcionando garantías jurídicas y de pago a los propietarios por parte de las administraciones. Necesitamos impuestos más altos a las casas vacías y al uso de la vivienda como negocio para aquellos propietarios que mantienen viviendas fuera del mercado con fines especulativos. Es incomprensible que en Balears haya más viviendas sin uso que en alquiler.

Todas estas medidas requieren tiempo, pero las políticas deben ir dirigidas a: la creación de un parque de vivienda pública asequible y en régimen de alquiler; la limitación de los beneficios de promotores y constructores que permitan abaratar costes y ofrecer viviendas mucho más baratas que el precio de mercado; y mantener de forma permanente el control público de dichas viviendas.

Todo ello debe financiarse con la creación de un Fondo de Inversión en Vivienda Asequible (FIVA) que financie la generación de viviendas asequibles en régimen de alquiler con rentabilidades topadas, como propone nuestro sindicato. También hay que dedicar una parte de los beneficios del turismo a la vivienda, aumentando y distribuyendo de forma distinta el Impuesto Turismo Sostenible (ITS), o bien dedicando, al menos, un 2% de los presupuestos de la comunidad a políticas de vivienda.

El Govern anuncia su voluntad de construir vivienda pública, pero hace falta valentía y determinación. Sin gestión pública fuerte, la vivienda construida no compensa la especulación privada. Construir vivienda pública es solo el primer paso. Sin un sistema de gestión, regulación y control permanente, esas viviendas pueden perder rápidamente su carácter social y convertirse en parte del mercado especulativo. Mantener el control asegura que la inversión pública cumpla su propósito: garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y asequible para todos.

Por todo ello, es necesario reclamar un pacto por la vivienda que dé una respuesta real y consensuada al problema. Un pacto con un alcance mínimo de 10 años que asuman los partidos, las entidades sociales, los sindicatos y también el sector privado, así como el resto de las instituciones.