Baleares ante el nuevo modelo de financiación autonómica

El debate sobre los modelos de financiación autonómica ha estado tradicionalmente envenenado en España. En lugar de ser la resultante de un debate sobre las necesidades de los territorios y la reducción de las desigualdades, acaba siendo un mero mercadeo político en el que pesa más el rédito partidista inmediato que la solución de los problemas de la población. Convertido en objeto de controversia, la racionalidad desaparece y los acuerdos resultan imposibles. Ha vuelto a suceder. La metodología y, aún más, la puesta en escena no ha buscado ni el entendimiento ni el consenso sino la demostración de la necesidad que tienen los gobiernos de Pedro Sánchez y Salvador Illa de asegurarse el apoyo de Oriol Junqueras. Al otro lado, el PP, que nada hizo para actualizar un modelo caduco cuando gobernó Mariano Rajoy y que ahora pospone presentar una alternativa a un año después de que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa, no ha perdido la oportunidad de arremeter en tromba contra lo que considera «un traje a medida» para Cataluña. La costura tampoco satisface a Junts, que observa un renovado ‘café para todos’, muy alejado de las aspiraciones independentistas del concierto económico fuera del régimen común, como vascos y navarros. Vistas las reticencias de algunos socios de investidura y la beligerancia de socialistas como Emiliano García-Page se augura una dura tramitación, con alto riesgo de descarrile.

Con doce años de retraso y todas las salvedades, hay que valorar que tenemos por fin una propuesta con cifras concretas sobre la mesa, que deberá ajustarse en las próximas reuniones bilaterales y multilaterales, con participación de todos los territorios, y después tramitarse en el Congreso, donde la presión de las próximas citas electorales juega en contra. La nueva fórmula contempla ampliar la cesión de porcentaje de la recaudación por IVA e IRPF del Estado a los territorios, que recibirían en 2027 una inyección adicional respecto al actual modelo de 20.975 millones de euros, de los que 412 corresponderían a Baleares. Como el resto de comunidades del PP, el Govern de Marga Prohens ha expresado su frontal rechazo. Cuestiona el cálculo de necesidades de gasto planteado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a partir del nuevo concepto de ‘población ajustada’ por no incluir la población flotante, es decir los visitantes , histórica reclamación de las islas, ni contemplar el crecimiento demográfico, además de haber rebajado el peso de la insularidad. Antoni Costa considera un «insulto» que sólo se asegure a Cataluña el principio de ordinalidad, mientras que Baleares seguirá aportando más de lo que recibe. El conseller de Economía advirtió que acudirán a los tribunales si se limita la competencia autonómica para bajar impuestos, como expuso Montero a fin de combatir el ‘dumping fiscal’ de territorios que eliminan o rebajan tributos y reclaman más dinero para atender las necesidades de sus ciudadanos. Los socialistas baleares instan a Prohens a aprovechar esta oportunidad de ingresos adicionales que permitiría mejorar los servicios públicos y situaría al archipiélago por encima de la media estatal en financiación por habitante, mientras que en Més celebran el desbloqueo, pero ven insuficiente la propuesta. A falta de conocer la letra pequeña, hay material sobre el que trabajar desde la responsabilidad política para mejorar la fórmula y para que Baleares, históricamente castigada, reciba lo que le corresponde.