El caso Sendín: ¿a quién defiende realmente la Abogacía pública?

En un Estado democrático, la Abogacía debería proteger el interés general, no a individuos concretos.

Sin embargo, el caso de Margarita Sendín, la funcionaria que ha llevado a juicio por acoso laboral a dos ex altos cargos del Govern, plantea una pregunta inquietante: ¿por qué la Abogacía de la Comunitat Autónoma está defendiendo gratis a quienes ya no ocupan ningún cargo, mientras la funcionaria debe costear sola su defensa?

Lo llamativo no es solo el uso de recursos públicos para defender a Mercedes Garrido y Juan Pedro Yllanes, sino la asimetría que revela. Ni a Jaume Matas ni a Maria Antònia Munar —ambos con un peso político muy superior— los defendió la Abogacía de la CA en sus causas personales. Y nadie imagina que José Luis Ábalos esté siendo representado por la Abogacía del Estado en la trama de las mascarillas. ¿Por qué en este caso sí? ¿Qué criterio permite blindar jurídicamente a ex altos cargos, ya fuera de la administración, cuando una trabajadora pública denuncia hechos ocurridos dentro de la propia estructura?

A esta cuestión se suma el silencio que, según la denunciante, envolvió el caso desde el primer momento. Sendín afirma que el protocolo contra el acoso laboral no se activó, que no hubo investigación interna ni medidas de protección, y que en cambio experimentó aislamiento, obstáculos documentales y actitudes hostiles por parte de compañeros afines a los cargos denunciados. Incluso su sindicato, USO, la expulsó tras explicar su situación en una emisora de radio, alegando que «habían recibido una llamada». Más allá de lo que los tribunales determinen, esta secuencia refleja la soledad extrema con la que tantos empleados públicos se enfrentan a irregularidades cometidas desde arriba.

El caso también muestra cómo la administración, en ocasiones, queda atrapada en la lógica partidista. La decisión de utilizar los servicios jurídicos de la CA para defender a ex altos cargos sitúa a la institución en una posición delicada: parece proteger primero a quienes mandaron y no a quienes trabajan dentro del sistema. Y preocupa, además, que tras el cambio de gobierno nadie revisara esta situación. El silencio institucional —como tantas veces ocurre— no entiende de colores políticos: se hereda.

Todo esto no resta importancia a la valentía de la funcionaria. Sin ella, el caso no habría avanzado. Garrido y Yllanes están hoy imputados porque una empleada pública decidió emprender un camino que sabía difícil, costoso y lleno de resistencias. Es ella quien ha tenido que asumir los gastos, el desgaste emocional y la incertidumbre de enfrentarse a quienes tuvieron en su mano la capacidad de condicionar su trayectoria. Eso dice mucho de la denunciante, pero también dice demasiado de la administración que la rodea.

Queda por ver qué dirá la justicia. Si el tribunal determina que la administración no puede utilizar recursos públicos para defender a ex cargos en procedimientos que ya no guardan relación con el ejercicio actual de sus funciones, estaríamos ante un precedente muy relevante. Si no, el mensaje será desalentador: denunciar abusos de poder dentro de la administración sigue siendo una empresa solitaria, costosa y llena de obstáculos.

El caso Sendín no es un episodio aislado. Es un síntoma. Habla del silencio que rodea al poder, de la facilidad con la que las instituciones olvidan a quienes las sostienen y del desequilibrio que se produce cuando los mecanismos públicos diseñados para proteger a todos terminan blindando solo a unos pocos. Y nos recuerda que la democracia no se mide por la retórica, sino por la capacidad real de una administración para no dejar sola a una trabajadora cuando denuncia lo que considera una injusticia.