España no es país para autónomos

Una de las últimas decisiones del Gobierno en 2025 ha sido la supresión de la obligación de presentar la declaración de la renta a los desempleados que perciben prestaciones para aligerar su carga administrativa. Una medida razonable que contrasta con la escasa atención prestada a la reducción de las cargas burocráticas de quienes sí trabajan, en particular los trabajadores autónomos.

España cuenta con más de 3,3 millones de autónomos, un colectivo amplio y heterogéneo, expuesto a ingresos volátiles y con escaso margen para asumir costes administrativos. Por ello, resulta incomprensible la inacción del Gobierno ante la Directiva 2020/285, que reduciría de forma sustancial las cargas administrativas del IVA de pequeñas empresas y trabajadores autónomos. La norma permitiría eximir del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros anuales -se estima que más de dos millones de autónomos en España- y debería estar en vigor desde 2025. Sin embargo, su transposición no se ha materializado.

Una falta de aplicación que no responde a un mero retraso técnico. Obedece, sobre todo, a un cálculo fiscal que prioriza el coste inmediato frente a los beneficios a medio plazo. La exención del IVA para los autónomos con menor volumen de facturación implicaría una reducción de ingresos y una menor capacidad de control tributario, y el Ejecutivo ha optado por priorizar la recaudación, incluso a costa de mantener un régimen administrativo desproporcionado para pequeñas actividades económicas.

Pero es que a esta asimetría se suman otros agravios al colectivo, como el intento fallido de elevar las cuotas. Una medida que fue percibida como ajena a la realidad económica de muchos autónomos, dando lugar a movilizaciones y huelgas. Protestas poco habituales en un colectivo con dificultades para la acción colectiva y que, precisamente por ello, pusieron de manifiesto la profundidad del malestar acumulado en el sector. El conjunto de decisiones y omisiones del Gobierno permite identificar la lógica que guía su acción. Actúa para aliviar las cargas administrativas de los desempleados, pero muestra mucha mayor reticencia cuando el destinatario es quien trabaja y genera actividad económica por cuenta propia. No se trata solo de una cuestión administrativa, sino también política: el trabajo autónomo recibe una atención limitada porque ignorar sus demandas tiene un coste político reducido, incluso después de las movilizaciones del último año.

El problema, por tanto, no es una medida concreta, sino un patrón de actuación. Un Estado social puede y debe proteger a quienes no trabajan, pero también a quienes lo hacen, y no solo a los colectivos con mayor capacidad de organización y presión. Ignorar a otros, como los trabajadores autónomos, igualmente numerosos pero con menor capacidad de influencia, consolida una jerarquía de prioridades y una diferencia de trato difícilmente compatibles con una visión equilibrada y justa de la política social y económica.

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