La guerra de Trump contra el Poder Judicial

En España se habla de lawfare para cuestionar determinadas decisiones del Poder Judicial de las que se predica que perjudican o menoscaban el derecho de defensa de personas vinculadas al gobierno. En Estados Unidos tiene matices más perversos, consistentes en que el Tribunal Supremo vacía de contenido competencial al Poder Legislativo; o bien mediante órdenes ejecutivas derivadas de la aplicación de la ley se ataca salvajemente al Poder Judicial de la Unión Europea.

Las autocracias y las dictaduras suponen bien el deterioro, bien la supresión del Estado de Derecho. Sin el imperio de la ley, somos animales en estado salvaje -monos y hombres compartimos el 99 por ciento de ADN; y con los neandertales el 99,7 por cien- y abonamos el camino al caos. Requiere la complacencia o la indiferencia de la mayoría social. También la incultura (no entender qué es lo que viene después) o el egoísmo (qué hay de lo mío, que es lo único que interesa). Pero también necesita de un caldo de cultivo abonado por la frustración: falta de vivienda, políticas medioambientales que adolecen de la suficiente didáctica, políticas excesivamente centradas en la identidad, ensanchamiento de las desigualdades entre estratos sociales, crisis industrial, abandono del campo y sus empleos, supresión de trabajos que se sustituirán por la IA, bajos salarios, alta criminalidad, epidemias de opioides, inexistencia de sanidad pública, etc.

Cuando se combinan varios de los anteriores indicadores -entre muchos otros que podríamos añadir- se reniega del «sistema», la sociedad se polariza y los tiburones huelen sangre. Prometen estupideces simplistas, mayoritariamente imposibles, que buscan el mimetismo entre el estafador que las promueve y quienes se quedaron en el camino. Y es el momento perfecto para que se desate la locura y la irracionalidad, incluso entre los más preparados.

Lo anterior explicaría, parece que se materializará, el cambio de posición del Tribunal Supremo americano en el caso Slaughter-Trump. Desde hace 91 años, la jurisprudencia del alto tribunal ha desestimado que un presidente pueda cesar a un miembro de una agencia independiente del gobierno, porque, precisamente, actúan como un contrapoder. No obstante, los últimos pronunciamientos del Supremo americano apuntan en la línea del que va a fallar invocando una nueva teoría conocida como el «ejecutivo unitario». Es decir, que el presidente -poder ejecutivo- pueda arrogarse competencias del Congreso -poder legislativo- concentrando la mayor cuota de poder que jamás haya tenido un presidente en la historia de los EE.UU. Lo podríamos llamar lawfare presidencial y probablemente el factor miedo juegue un importante papel.

Estos últimos meses han estado llegando pizzas de Dominos’s a casa de muchos y muy señalados jueces norteamericanos. Pizzas que ellos no pidieron. Se las enviaron en una clara señal de «sabemos dónde vives». Actos alimentados por la retórica de Trump: «jueces radicales de izquierdas que actúan erróneamente»; «tenemos muy malos jueces»; «ni siquiera es imaginable lo corruptos que son»; «lunáticos»; «de dónde viene esta gente», etc, que los más pirados entiende como una invitación a otro «asalto al capitolio».

En Europa es diferente. Trump ha sancionado a siete jueces y tres fiscales de la Corte Penal Internacional que investigaban asesinatos en Afganistán y el genocidio de Gaza invocando la Ley de enemigos Extranjeros. Les impide trabajar con ningún banco que opere con los EE.UU., por lo que de facto quedan desconectados del sistema financiero de la zona euro. Cuentas corrientes congeladas e imposibilidad de usar tarjetas de crédito o débito bajo la amenaza de sancionar a la entidad financiera que no colabore. Y colaboran.

Recientemente, ha decidido ampliar las sanciones al conjunto de la Corte Penal Internacional, único organismo que investiga los crímenes de guerra, el genocidio y agresiones de un Estado usando la fuerza militar, amenazando con que si no salen del Tratado de Roma hará extensivas la sanciones a todos los funcionarios del organismo.

Von der Leyen sigue muda y Francesca Albanese se ha tenido que ir a vivir a Túnez porque le han embargado su casa y sus cuentas en EE.UU.