La vivienda, una carencia creciente y generadora de malestar social

El proyecto residencial estratégico para construir 20.000 pisos nuevos en Palma y más recientemente el anuncio de incentivos fiscales para los propietarios que no suban el precio del alquiler en un año, 2026, en el que finalizarán 24.456 contratos en Balears, son las últimas medidas adoptadas por el Govern para intentar hacer frente al acuciante problema de la vivienda. Son dos iniciativas que, tras el fracaso de las anteriores impulsadas por el Ejecutivo de Marga Prohens, no tienen el éxito garantizado. Más bien todo lo contrario. La inseguridad jurídica que se ha instalado, en parte por el recurso planteado por la oposición de PSOE, Sumar, Més y Podemos ante el Tribunal Constitucional, con respecto a la disposición de proyectos residenciales estratégicos y, por otro lado, la falta de mano de obra, ha hecho que las constructoras hayan pronosticado que en los próximos meses “no se verá una sola grúa más”. Por lo que respecta a la congelación de alquileres, todo depende de la buena voluntad del arrendatario dentro de un mercado que no anima a mantener precios.

La falta de vivienda se ha acelerado su efecto crónico en 2025 hasta el punto de convertirse en el principal problema de los residentes en Balears y ser capaz de trastocar la convivencia y los hábitos sociales. No se vislumbran vías de solución efectiva. El pasado mes de abril 3.500 personas salieron a la calle, solo en Palma, para hacer visible el malestar ciudadano ante una necesidad acuciante y los efectos contraproducentes que causa la masificación turística. Ya está claramente demostrado que la capacidad adquisitiva externa de vivienda desplaza a la población local, lo cual se transforma en un filtro social y territorial. Los extranjeros adquieren ya 4 de cada 10 casas que se venden en el archipiélago, al tiempo que su incremento demográfico es de 15.000 residentes nuevos al año. En estas condiciones, los precios se han disparado un 12 por ciento en el último semestre y Balears, con un incremento acumulado del 30,7 por ciento desde 2007, se ha convertido, junto con Málaga, en el lugar de España que soporta los costes más desorbitados. Los jóvenes no pueden emanciparse, a lo sumo pueden aspirar a adquirir un piso de 17 metros cuadrados. Aprovechando las vacaciones de Navidad, diversos investigadores de Balears residentes en el extranjero no han tenido inconveniente en reconocer que no regresan a las islas a causa de los sueldos bajos y la vivienda inaccesible.

El Govern Prohens llegó al Consolat de Mar con la promesa de menos intervencionismo con respecto a su predecesor de Francina Armengol, más agilización administrativa y una mayor colaboración público-privada. Ha topado con la necesidad de planificación a largo plazo y de estabilidad normativa, factores apremiados por una urgencia social que no entiende la lentitud institucional instalada. El malestar generado es el principal desafío que tiene el Ejecutivo autonómico.