9 kilómetros

Los lectores más asiduos saben de la bipolaridad de esta columna: la alternancia entre denunciar situaciones injustas y la necesidad, cada tanto, de tocar temas más livianos. Consciente como es esta que escribe de que las páginas de los periódicos tienden a cargar demasiadas piedras. Y, casi enseguida, de vuelta esa sensación de que este pequeño escaparate debe servir para señalar los buitres que nos sobrevuelan.

Y los lectores más avezados saben también que esta última columna del año, sí o sí, ha de ser positiva. Que uno no puede acabar el día —y menos el año— con mal sabor de boca.

Pero no puedo —aunque lo intento—. No nos dejan.

9 kilómetros es la distancia, tan medible como lo son los días en el calendario, que separa los polos a los que debe y quiere ir esta página. Les invito a recorrerlos conmigo y, al final, decidir en qué orilla se apuestan.

Empecemos este viaje por el final. Duermen bajo un puente de la C-31 muchos de los inmigrantes desahuciados del B9, un antiguo instituto abandonado en Badalona. La resolución judicial que autorizaba el desalojo describía el lugar como «un auténtico poblado de miseria», señalando el «riesgo evidente» para la seguridad de los ocupantes y de los edificios del entorno. Sin embargo, el gobierno de su alcalde, Xavier García Albiol, ha incumplido la obligación que la propia resolución señalaba: «disponer de recursos públicos adecuados y suficientes para el realojo de las personas desalojadas».

Y después ocurrió algo aún más atroz: un enfrentamiento entre vecinos que acudieron en defensa de los migrantes y otros que trataron de impedir que algunos de ellos pudieran pasar la noche en una parroquia que se ofreció a darles cobijo.

Pero hubo un B9 anterior a convertirse en ciudad del desamparo en 2023. Cuando buscaron techo personas en situación de extrema pobreza, trabajadores precarios y recolectores de chatarra, expulsados una y otra vez de naves abandonadas de los alrededores. Algunos, supervivientes de la nave del Gorg, donde otro diciembre, el de 2020, un incendio acabó con la vida de cinco personas.

Aquel antes como instituto. Hasta su cierre definitivo en 2011. No por falta de alumnado, sino por las alertas, como la de su propio director, de que el lugar era una concentración de alumnado vulnerable. La solución institucional podría haber pasado por invertir más recursos en el centro, en el barrio o en las familias. Pero, en lugar de eso, para evitar la formación de guetos, se optó por repartir al alumnado entre otros institutos y cerrar el centro. Abandonarlo. Observen el déjà vu: en lugar de resolver las causas de la marginalidad, desplazarla.

Porque es obvio que nadie podía vivir en aquellas condiciones del B9. Y, como ya se vio en el Gorg, era un riesgo para los residentes y para el resto. Pero… ¿y ahora qué?

A apenas 9 kilómetros y doce meses de distancia, en enero, la resistencia vecinal evitó el desahucio de las familias que vivían en Casa Orsola, en Barcelona, en manos de un fondo buitre. La presión popular logró no solo detenerlo, sino que el Ayuntamiento y la Fundación Hàbitat3 compraran el edificio para reconvertirlo en vivienda social. Una pequeña victoria en la gran lucha contra la especulación.

Porque, entre el ruido de los desahucios, corremos el riesgo de confundir a los enemigos. El B9 y el puente de la C-31 son el último eslabón del peor mal que azota no solo a Badalona, sino al país entero. No estamos ante una crisis de inmigración, sino ante una emergencia habitacional.

Calvià, en Mallorca, tiene un 38 % de población extranjera. En Málaga, Mijas alcanza el 35 % y Manilva el 40 %. En Canarias, La Oliva llega al 44 % y Mogán al 45 %. En Alicante, Torrevieja tiene un 46 % y Rojales un 72 %. Badalona, con su 17 % de población extranjera según el Institut d’Estadística de Catalunya, no se encuentra ni siquiera entre las cien ciudades con mayor proporción de residentes extranjeros.

Y aunque no existen estadísticas detalladas sobre la procedencia de los compradores de vivienda en municipios como Rojales, los datos sí muestran que en 2025 el 43,67 % de las viviendas vendidas en la provincia de Alicante fueron adquiridas por extranjeros. ¿Subsaharianos? No. Los compradores fueron holandeses, suizos, franceses, alemanes o británicos. El precio de la vivienda ha aumentado en España entre un 7 % y un 16 %, y aun así, un 38 % de las viviendas vendidas este año se pagaron al contado.

¿Está quien niega la entrada de una persona sin hogar a una iglesia más cerca de comprar una casa al contado que de necesitar, quizá algún día, que un vecino impida su propio desahucio? No lo sabemos. Como tampoco sabemos si alguno de aquellos niños vulnerables del B9 —desplazados a cualquier otro centro, pero lejos—, estuvo, catorce años después, diciendo: «No. No en mi nombre. Así no».

«Solo le pido a Dios / que el dolor no me sea indiferente / que la reseca muerte no me encuentre / vacío y solo sin haber hecho lo suficiente». León Gieco.

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