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Opinión | Tribuna

Las Nevenkas

El exsecretario de Investigación y Análisis del PSOE, Francisco Salazar Rodríguez, a la izquierda.

El exsecretario de Investigación y Análisis del PSOE, Francisco Salazar Rodríguez, a la izquierda. / Rodrigo Jimenez / EFE

En los últimos meses han ido aflorando casos de acoso sexual, abusos y hasta agresiones graves vinculados al PSOE, a Podemos y al entorno político asociado a Sumar. Todos ellos comparten un elemento incómodo: proceden de partidos que han hecho del discurso de la protección de las mujeres, de las niñas y de los niños uno de sus principales ejes identitarios. Esta contradicción obliga a formular preguntas que van más allá de cada caso concreto. ¿Por qué estos hechos no se abordaron con la contundencia prometida cuando se produjeron? ¿Por qué salen ahora a la luz? Y, sobre todo, ¿qué papel juegan el silencio y su precio dentro de las estructuras de poder que los rodean?

La hipocresía del discurso protector es el primer aspecto que salta a la vista. Durante años, determinados partidos han construido una posición de superioridad moral en materia feminista. Han legislado, han señalado a adversarios y han convertido la retórica de la protección en una marca política. Pero cuando el agresor ha sido un compañero, un militante, un cargo o alguien cercano, la respuesta ha sido con frecuencia la misma: prudencia excesiva, dilaciones, minimización o directamente silencio. Las mujeres y las menores afectadas no han estado más protegidas por la ideología del entorno; en algunos casos, han estado más expuestas al descrédito y al aislamiento.

El segundo elemento es la instrumentalización política de las denuncias. Resulta ingenuo pensar que la actual aparición pública de estos casos responde a un repentino despertar ético. El calendario y el contexto apuntan más bien a guerras internas dentro de la izquierda y a conflictos entre partidos que compiten por el mismo espacio. Cuando una denuncia sirve para debilitar al adversario o desplazar a una facción interna, se activa. Cuando no, se archiva, se ignora o se relativiza. Las mujeres dejan así de ser sujetos de derechos para convertirse en piezas dentro de una estrategia de poder.

El tercer elemento, quizá el más inquietante, es el mercado del silencio. La información tiene valor, tanto para ser publicada como para ser ocultada. Hay hechos que se conocen mucho antes de llegar a los titulares, pero no salen a la luz hasta que el silencio deja de ser rentable. El precio puede adoptar muchas formas: protección, cargos, lealtades cruzadas o simples pactos tácitos. Cuando ese equilibrio se rompe, la verdad emerge, no necesariamente por justicia, sino por oportunidad.

Es en este contexto donde aparecen «las Nevenkas»: mujeres que, como Nevenka Fernández en su día, acaban hablando cuando el sistema que las rodeaba ya no puede —o no quiere— seguir tapando. No porque la conciencia colectiva haya madurado de repente, sino porque las correlaciones de fuerza han cambiado. Su testimonio incomoda porque no solo revela el abuso, sino también todo aquello que lo hizo posible.

Señalar estos mecanismos no significa relativizar la gravedad de los hechos, sino todo lo contrario: tomarlos en serio. Tan en serio como para dejar de utilizarlos como munición partidista. Si de verdad se quisiera proteger a mujeres, niñas y niños, la prioridad no sería el control del relato, sino la prevención, la escucha y la actuación inmediata, con independencia del carné político del agresor.

Mientras eso no ocurra, seguiremos asistiendo a la misma paradoja: partidos que proclaman su compromiso feminista mientras reproducen en su interior los mismos mecanismos de silencio, miedo y cálculo que dicen combatir. Las Nevenkas no deberían ser necesarias. Pero mientras el poder siga gestionando la verdad como una mercancía, seguirán apareciendo.

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