El bienestar en cuestión

En la sociedad que nos ha tocado vivir se van acumulando señales de alarma que convendría no trivializar. Se habla mucho de crecimiento, de recuperación, de buenos datos, pero cada vez se nota menos en la vida real de la gente. Basta con mirar alrededor: listas de espera interminables, dificultades crecientes para acceder a una vivienda, servicios públicos que funcionan gracias al compromiso de sus profesionales más que por una apuesta política decidida. Y suma y sigue.

En Balears, este proceso resulta especialmente llamativo. Todavía tenemos índices positivos de crecimiento económico, sobre todo vinculados a la actividad turística, al aumento de visitantes y a los beneficios empresariales. Pero la pregunta es inevitable: ¿a quién beneficia realmente este crecimiento? Mientras los indicadores macro mejoran (PIB, crecimiento económico, creación de empleo, etc.), cada vez hay más gente a la que le cuesta llegar a fin de mes. Trabajadores que no llegan a fin de mes, jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler. Vivir aquí se ha convertido, para muchos, en una carrera de obstáculos.

Los indicadores mejoran, pero el bienestar real de la gente no siempre les sigue. Celebramos la creación de empleo, pero al mismo tiempo vemos su baja calidad, su temporalidad, su incapacidad para garantizar estabilidad. Centrarse únicamente en las cifras implica ignorar algo fundamental: el progreso social. Y el progreso social no se mide solo en PIB, sino en salarios dignos, acceso a la vivienda, servicios públicos de calidad, seguridad vital y expectativas de futuro razonables.

Seguir apostando por un modelo basado casi exclusivamente en el crecimiento cuantitativo del turismo tiene consecuencias conocidas: salarios insuficientes, acceso prohibitivo a la vivienda, saturación de espacios públicos y un aumento de las desigualdades. La cuestión es si este problema se abordará con soluciones estructurales o si, por el contrario, se dejará en manos de salidas individuales y del sálvese quien pueda.

Este deterioro no es casualidad. Tiene que ver con decisiones políticas que priorizan la bajada de impuestos, la desregulación y la externalización de servicios, mientras se debilita lo público. Cuando la sanidad, la educación o la vivienda dejan de ser derechos efectivos y pasan a depender de la capacidad de pago, el Estado del bienestar se vacía de contenido. Y cuando eso ocurre, no solo se vive peor, también se resiente la confianza social y la convivencia democrática.

En ese contexto de inseguridad y falta de perspectivas, no debería sorprendernos el aumento del malestar político. Cuando vivir se vuelve complicado, aparecen discursos que buscan culpables rápidos. Se alimenta el rechazo al diferente, al migrante, al pobre, mientras se idealiza un pasado que, curiosamente, siempre se presenta como mejor, incluso cuando estaba marcado por la ausencia de libertades. Se sustituye la solidaridad por el individualismo, el nosotros por el yo. La crítica ya no se orienta hacia quienes concentran el poder económico, sino hacia los vecinos, hacia los más vulnerables.

Quizá ha llegado el momento de recuperar una idea sencilla, pero fundamental: el crecimiento económico debería repercutir de manera constructiva en el bienestar de la ciudadanía. Debería aportar estabilidad, tranquilidad emocional y capacidad de proyectar futuro. Cuando esto no sucede, algo falla. Y no es la gente. Es el modelo. Y suma y sigue.

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